Al finalizar el estado de excepción, el presidente de la República, Daniel Noboa, suscribió el Decreto Ejecutivo No. 218, mediante el cual reconoce la persistencia de un "conflicto armado interno" en el país y mantiene la participación de los militares en actividades de control de la seguridad interna de la nación.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó, este domingo 7 de abril, sobre la decisión del mandatario de reconocer la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados.
En el marco de este conflicto armado interno, algunas de las disposiciones de Noboa son:
A las Fuerzas Armadas, ejecutar operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional.
A la Policía y a las Fuerzas Armadas, continuar con el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas.
La coordinación necesaria para establecer una programación presupuestaria plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otros.
Además, el presidente declaro a los centros de privación de libertad como zonas de seguridad.
Según el Ejecutivo, estas decisiones permitirán que el Gobierno, con el apoyo de las fuerzas del orden, continúe desplegando acciones prioritarias para precautelar la seguridad y el bienestar ciudadano.
El pasado 8 de enero, el presidente Noboa, quien apenas llevaba menos de dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por sesenta días, y que luego fue renovada por un mes más. Esta medida se tomó en respuesta a una serie de atentados y acciones violentas perpetradas por bandas criminales, las cuales alcanzaron su punto álgido al día siguiente con el asalto de un grupo de encapuchados armados al canal TC Televisión durante una emisión en directo.
En esa misma jornada, Noboa declaró el inicio de un "conflicto armado interno" contra 22 bandas criminales, a las que denominó como "terroristas".
En el año 2023, Ecuador se posicionó como uno de los países más violentos de América Latina, registrando una tasa de 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.