En los últimos cinco años se han registrado 585 casos de pornografía infantil en Ecuador. A veces son los propios padres quienes cometen este crimen y en otras, personas desconocidas que contactan a los menores a través de redes sociales. ¿Qué hacer para evitar que los niños caigan en estas redes?
El pasado 10 de marzo del 2023, un operativo policial en Quito logró la detención de un sujeto que producía material sexual con sus hijas menores de edad e intercambiaba los videos con usuarios de Estados Unidos y Perú. Tan solo unos días antes, también en la capital, un hombre fue capturado por grabar a su hijastra cuando se bañaba.
Mientras que, a finales de febrero, tres ‘influencers’ fueron procesados en Guayaquil por comercializar material pornográfico en el que aparecían menores. La Policía incautó entre 8.000 y 10.000 archivos, que incluían fotos y videos. Las investigaciones determinaron que los acusados contactaban a sus víctimas a través de redes sociales. Entablaban una relación de amistad, para luego involucrarlos en sus fechorías.
“Lo que estamos viendo ahora es solo la explosión de un problema estructural sumado a una crisis de seguridad”, menciona Paola Andrade, directora ejecutiva de la fundación ‘Ecuador Dice No Más’. Agrega que el confinamiento del 2020 exacerbó los peligros a los que están expuestos los menores, pues de repente pasaron a estar conectados más de 10 horas en internet, algo que aún persiste en algunos hogares.
Por su parte, Gonzalo García, jefe de la Unidad Nacional de Ciberdelitos, comenta que a veces las familias normalizan estos actos, prefieren mantenerlos ocultos y no denunciar. Los agentes policiales son alertados por organismos internacionales como la oficina de Investigaciones de Seguridad de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) y es ahí cuando se efectúan los operativos.
“En el momento en el que hacemos los allanamientos, hay padres que recién se enteran qué es lo que está pasando con sus niños”, indica el teniente.
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La pornografía infantil no es algo nuevo en Ecuador, todo lo contrario, viene asentándose desde hace varios años. El caso más emblemático fue el de la niña Emilia, secuestrada en diciembre de 2017 a la salida de su escuela en Loja. La investigación reveló la existencia de una red de trata y pornografía infantil que operaba en Quito, Cuenca, Santo Domingo, Portoviejo y Guayaquil.
En el 2019, el informe “Situación de la niñez y adolescencia en Ecuador”, elaborado por varias organizaciones como Unicef, alertaba sobre la presencia de redes de tráfico y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que se estructuran por medios cibernéticos.
Así mismo, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, contabilizó en el 2020, más de 200.000 informes de sospecha de explotación sexual infantil en línea provenientes de Ecuador. Mientras que, en el 2021, las alertas alcanzaron los 118.322.
El teniente Gonzalo García explica que no son necesariamente organizaciones criminales, sino que a veces un ciudadano que está dentro del país distribuye a otras personas del extranjero.
“Nosotros hemos visto que existen pedidos bajo catálogo, donde estas personas que tienen un trastorno mental porque no se puede calificar de otra manera, inclusive hacen pedidos dependiendo del color de la piel, edad, niño o niña, posición específica, etc.”
Por su lado, la Fiscalía registra 585 casos de pornografía infantil desde el 2018 hasta el 2022. Sin embargo, Childfund Ecuador advierte que esas cifras muestran solamente una parte pequeña de la incidencia, pues uno de cada 10 casos se denuncia.
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La Policía del Ecuador ha determinado seis fases de cómo actúan las personas dedicadas a la pornografía infantil a través de redes sociales. A veces no se cumplen todas, depende del caso y de la prevención que haya en los hogares.
Tanto el teniente García, de la Unidad de Ciberdelitos de la Policía, como Paola Andrade, de la fundación ‘Ecuador Dice No Más’, coinciden en seis claves para evitar que los niños caigan en manos de criminales que asechan por las redes sociales.
Lo primero es que los padres controlen el uso de instrumentos tecnológicos como celulares o computadoras. Establecer horarios e ir monitoreando lo que están haciendo en línea. A partir de las nueve de la noche se consideran las horas más peligrosas para ciberataques.
Otro consejo es explicarles que las personas que aparecen en internet no son amigos, porque pueden ser perfiles falsos. También que la computadora esté en un lugar visible de la casa.
La cuarta estrategia es tener redes sociales en el momento adecuado: desde los 13 años. Menos de eso no es aconsejable y en caso de que la tuvieran, los padres deben saber el usuario y la clave.
Entablar una relación de amistad y confianza con los hijos para que no tengan miedo de contarles si conocieron a alguien por internet. Así mismo, notar cambios en su conducta.
“Es importante que le digas que siempre vas a creerle. Nunca desestimar una denuncia, es preferible poner en duda la situación de un agresor, que dejar en indefensión a un niño”, menciona Andrade.
Educación sexual, no revelar tanta información personal en redes sociales e implementar herramientas tecnológicas que bloquean páginas peligrosas, son otros consejos que puede aplicar en su hogar.
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