¿Por qué Ecuador se volvió un paraíso para lavado de activos? Se lavan, al menos, 2.000 millones de dólares por año
La justicia se lava las manos, frente a este fenómeno que fortalece al crimen organizado.
En el país se lavan, al menos, 2.000 millones de dólares por año. De ellos, la mitad por narcotráfico. Por eso, llama la atención que de un número ínfimo de sentencias por este delito (una sentencia por año, entre 2020 y 2022 ), ninguna se relacione con procesos de tráfico de drogas. La justicia se lava las manos, frente a este fenómeno que fortalece al crimen organizado.
En su lujosa vivienda escondía un verdadero tesoro. Durante el allanamiento, en mayo de 2022, los uniformados hallaron la caja fuerte en una pared falsa. Dentro, estaban 42 lingotes de oro, de 500 gramos cada uno. Ya en la prisión, en la cárcel de Cotopaxi, Leandro Norero estaba obsesionado por “blanquear” el origen de las barras.
El caso Metástasis, revelado por Fiscalía a mediados de diciembre de 2023 a partir de los chats extraídos del celular de Norero, muestra que el narco intentaba a toda costa justificar el origen del metal. Su abogado le escribió que le enviaba “el contrato de la persona dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de ese oro”. Según la conversación desencriptada, “tiene registros de haber extraído durante los últimos seis años, 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro”. Y para convencerlo, le mencionaba que tiene 54 hectáreas de explotación y había declarado 45 millones en ventas, los últimos ocho años. Llegó a enviarle un modelo de contrato, para simular que las barras eran una prenda a cambio de un préstamo. Mientras no se demuestre lo contrario, Norero murió en una masacre carcelaria en octubre de 2022. Sus conversaciones a través de la plataforma encriptada Threema revelan que, desde la prisión, intentó detener la investigación fiscal por el delito de lavado de activos, en su contra.
Planificaba seguimientos a la fiscal a cargo de esa investigación; rastreó su árbol familiar; conocía dónde vivía; sabía detalles de su vehículo. Con sus cercanos, llegó a contemplar acciones violentas en su contra: la explosión del tanque de gas en su vivienda. Inclusive, los diálogos sugerían que alguien se lanzara contra el auto de la fiscal en movimiento, para que fuera acusada del accidente y tuviera que salir del caso. Los chats registran que un hecho similar se realizó contra un fiscal de Manabí.
Este es solo un botón de muestra. En Ecuador se lavan aproximadamente 2.000 millones de dólares al año, según explicó el experto Edison Vergara, ante la Comisión Legislativa de Régimen Económico, que elabora la ley reformatoria para la prevención del lavado de activos. De esa cifra, mil millones corresponderían al narcotráfico, que es hoy la principal amenaza del Estado. El segundo delito relacionado con el blanqueo de capitales sería la corrupción, seguido de la evasión tributaria.
Por eso, llama la atención que el país produzca un número ínfimo de sentencias por este delito. Y que de esta reducida cifra, no haya sentencias relacionadas con narcotráfico.
La justicia se lava las manos
Ecuador se volvió un paraíso para el lavado de activos. Lo confirma un estudio del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO). Su coordinador, Renato Rivera Rhon, explica que es un país clave para los mercados ilegales, por su proximidad con la zona donde se produce el 50 por ciento de la droga que genera Colombia, en la frontera común.
“Todo esto no funcionaría bien sin una economía dolarizada. Ecuador es un centro de transacciones, un país de mediación y acuerdos de organizaciones criminales a nivel mundial”.
Pero el asunto es más complejo. La respuesta del sistema de justicia alienta la impunidad de este y otros delitos, que fortalecen al crimen organizado.
El OECO investigó los procesos judiciales por lavado de activos en dos momentos. Entre 2015 y 2020, encontró que se emitían tres sentencias en promedio por año. “Un rendimiento muy bajo, versus Colombia y Perú que emiten entre 30 y 40 sentencias”. Pero el segundo hallazgo es más preocupante. Entre 2020 y 2022 hay apenas una sentencia condenatoria por año. ¿La conclusión? “La justicia hace cada vez menos para impactar ese patrimonio fruto del lavado de activos”.
Es más, Ecuador es un actor preponderante en el mapa del crimen organizado de la región. Y sin embargo, “aporta el uno por ciento de sentencias de América del Sur por lavado de activos. Si se ve en términos de la importancia que tiene para el crimen organizado, su sistema de justicia no camina a la par”.
El estudio por dentro
Rivera Rhon explica que para el estudio se analizó el total de registros por lavado de activos en Ecuador, entre 2020 y 2022. Se revisaron 64 casos, de ellos, 45 eran nuevos. Uno de los hallazgos: el 65 por ciento se originó en situaciones de flagrancia. Si un operativo policial en zonas de frontera detecta a una persona con altas sumas de dinero, se inicia una causa por flagrancia. Pero el esquema está diseñado para que esa persona justifique, con facturas del exterior, el origen lícito a través de una falsa venta de un bien. En Manabí se encontraron esquemas de lavado de activos a través del pitufeo (al por menor), “son personas que hacen apuestas deportivas generando aparente licitud, hasta 2022 no hay una sola investigación del sistema de justicia”.
Pero es más grave aún. Las sentencias emitidas durante los últimos años no tienen relación con el narcotráfico, sino con delitos vinculados a corrupción. El sistema de justicia tiene un retraso de ocho años en investigaciones de lavado de activos. Al llegar a sentencias, se aplica la legislación vigente a la fecha de cometimiento del delito: esas penas son menores, porque se aplican las condenas con retroactividad.
El estudio permite identificar que en 16 provincias hay al menos un caso de lavado. Guayas, Carchi y Pichincha concentran el 51 por ciento de los casos.
Guayaquil y Quito concentran los casos, son ciudades predilectas para el lavado, por el tamaño de la economía. ¿Los sectores involucrados? El sector inmobiliario, no solo la construcción sino las adecuaciones. En segundo lugar, la compra y venta de vehículos.
El informe da cuenta de que en dos provincias, Manabí y Los Ríos, se adquirieron bienes inmuebles de contado en más del 60 por ciento de casos. Esto resulta llamativo, “si se cruza con la cantidad de causas por lavado en esas provincias desde 2016 al 2022, apenas el 16 por ciento, y ninguna llegó a condena”.
Cuando se aplicaron las penas por lavado de activos, los valores que se fijaron en las sentencias por reparaciones, apenas llegaron al 30 por ciento del valor total identificado como producto del delito.
El estudio presenta siete recomendaciones para prevenir el lavado de activos. Entre ellas, mejorar los niveles de coordinación entre la UAFE y los administradores de justicia. Además, aplicar un enfoque de prevención.
Y la corrupción
La investigación más reciente del sociólogo Luis Verdesoto sobre corrupción en el sector público establece que hay un grupo potencialmente expuesto a caer en la tentación de la coima, el soborno o el tráfico de influencias.
“Nacen y se reproducen corruptamente” es el título de la investigación, publicada a fines de 2023. En el estudio advierte que las cinco instituciones con mayor cantidad de servidores públicos en la administración son vulnerables. Se trata del Ministerio de Educación, Salud Pública, Policía Nacional, Defensa y Consejo de la Judicatura. En conjunto abarcan el 79 por ciento de servidores.
Al analizar al Consejo de la Judicatura, que incluye a jueces y aparato administrativo, la investigación detectó que -si bien no son equiparables numéricamente a otras entidades- su nivel de riesgo medio y alto frente a la corrupción, es superior. Al cuantificarlo, se detecta que el 10 por ciento de funcionarios de la Judicatura está expuesto a eventos de corrupción. En cambio, en la Policía este porcentaje llegó al cinco por ciento. En Defensa, al tres por ciento. La matriz de riesgo fue levantada con apoyo de la administración de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE.
En 2023, Ecuador se ubicó en la posición 115, de entre 180, en el índice de corrupción. En 2019, estuvo en el puesto 93, según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD.
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