Policías piden amnistías para 200 agentes investigados por las protestas de octubre de 2019
Representantes de la Asociación de Generales de la Policía Nacional en servicio pasivo acudieron este viernes a la Asamblea Nacional para ingresar un oficio en el que se solicita conceder amnistías a los uniformados investigados por las violentas protestas.
La solicitud abarca tanto a policías en servicio activo como pasivo que intervinieron en las manifestaciones de doce días que encabezaron en octubre de 2019 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros grupos sociales.
Según la organización policial, desde que ocurrieron los hechos, no han habido policías sentenciados y tampoco se ha hecho la formulación de cargos sobre estos delitos.
Sin embargo, indicaron que la existencia de investigaciones en curso a policías de diferentes rangos y en ciertos casos a unidades completas “implica no solo la incertidumbre y falta de seguridad jurídica, sino que también impone a los policías una carga pesada en su presupuesto” para defenderse.
El general en servicio pasivo, Alfonso Camacho, presidente de la Asociación de Generales de la Policía Nacional, manifestó que la solicitud se da conforme a las declaraciones del presidenta Guadalupe Llori, quien públicamente habría manifestado la voluntad de gestionar amnistías para los policías.
Según Camacho, son alrededor de 200 agentes policiales los que enfrentan causas por las protestas de 2019. “Hoy hemos pedido una amnistía para todo el personal policial. En la carta que entregamos, indicamos los antecedentes, que salimos a defender los bienes y al pueblo. En equidad de condiciones, queremos que se nos dé el mismo tratamiento”, precisó a los medios.
Los policías apelan a tener el mismo tratamiento que tuvieron los 268 ciudadanos que participaron en las protestas a nombre de organizaciones sociales.
En esa lista están dirigentes de la Conaie como Leonidas Iza y el expresidente Jaime Vargas; así como 27 personas que eran investigadas como presuntos responsables del incendio a las instalaciones de la Contraloría General del Estado.
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