“El que esto no esté legalizado, no significa que no esté ocurriendo (muerte asistida). Esto ocurre tras bastidores, de maneras clandestinas, a medianoche, con historias clínicas cambiadas, con médicos que por compasión quieren ayudar a sus pacientes, con hijos que ante el desespero ayudan a su familia", contó la mujer de 42 años al medio El País.
Por ello, Paola, que perdió la movilidad de su cuerpo y padece cada día intensos dolores, decidió demandar la inconstitucionalidad de dicha norma. Al medio referido le confesó que desea ser capaz de decidir legalmente cuándo morir.
En un departamento adaptado para ella, ubicado en el valle de Cumbayá, a escasos kilómetros de Quito, Roldán contó que el primer efecto de la enfermedad que sufrió fue un súbito desmayo mientras practicaba yoga, en el 2020.
Aquel suceso la sorprendió de sobremanera cuando recobró la conciencia puesto que llevaba una vida saludable, en la que tenían cabida “comida orgánica, ejercicios todos los días", y era "responsable con lo que consumía”.
Una situación similar volvió a ocurrir poco después mientras paseaba a su bebe, Oliver, en su coche. El incidente devino en numerosos exámenes médicos que finalmente detectaron el desarrollo de la ELA. Según registros del Ministerio de Salud Pública, es padecida por alrededor de 50 personas en el país.
Desde aquel entonces, la progresión de la enfermedad le arrebató la capacidad de moverse, hasta el punto de no poder respirar sin la ayuda de un artefacto, pese a que siguió diferentes terapias y soportó numerosas hospitalizaciones.
"El peso emocional de estar en las manos de alguien más es enorme, de estar 100% dependiente, de que alguien más sepa reaccionar de la manera adecuada, me pueda mover, me pueda quitar el dolor, me pueda rascar, limpiar la oreja, lavar los dientes o ayudarme en una emergencia”, reflexionó en una entrevista con el medio referido.
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“Me voy a morir, tú te vas a morir y el que nos lea se va a morir. Esto no es una lucha por morir, es una lucha para que cuando nos llegue el momento, tener la capacidad de decidir el cómo, en qué condiciones”, considera Paola, quien exhibe en uno de sus brazos un tatuaje de un sol, una luna y un toro, que representan el vínculo de amor entre ella, su esposo Nicolás y Oliver.
En pos de ser capaz de recurrir a la eutanasia, Paola interpuso una demanda ante la Corte Constitucional calificando como inconstitucional el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, la cual fue admitida por las autoridades judiciales. Si esta se aprueba, le daría la opción a Paola y a más personas que vivan en condiciones similares de elegir de forma voluntaria la muerte asistida.
“Lo que le decimos a la Corte es que este artículo debe ser interpretado desde la perspectiva de la integridad de derechos y ese conjunto de derechos tiene que ver con la libertad, así que declare parcialmente inconstitucional el artículo 144, que permitiría no castigar a las personas que auxilien en caso de eutanasia, por supuesto, siguiendo unos protocolos y teniendo la voluntad anticipada del paciente”, explicó Farith Simon, uno de los abogados que lleva la causa, a El País.