Ocho de cada 10 cigarrillos consumidos en Ecuador son ilegales
Un estudio de la investigadora Invamer muestra que el 84% de cigarrillos vienen de contrabando. Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mayor incidencia de este comercio ilícito.
El informe llamado “Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Ecuador” y su metodología, avalado por la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Hemisferios, muestran un incremento del 5% al anterior estudio, cuando se registraba en 79%.
Martín Orozco, gerente general de Invamer, señala que si bien entre 2020 y 2022 la cifra ya era alarmante, la tendencia se mostraba estable. Pero este incremento “tiene un efecto negativo directo no solo en la recaudación de impuestos y en la industria legal, sino en la seguridad por el involucramiento constante de organizaciones criminales”.
En 2015, según la propia investigadora, el mercado de contrabando de cigarrillos representaba apenas 5%. ¿Qué pasó? Entre 2015 y 2016, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de cada cigarrillo incrementó en 73 por ciento. Hoy es de 16 centavos de dólar por cada cigarrillo, es decir, en una cajetilla de 10 unidades el impuesto es de un dólar con 60 centavos.
Por eso una cajetilla de cigarrillos vendida de manera legal, que arranca en tres dólares (10 unidades) y llega hasta los siete dólares (20 unidades), no puede competir con productos ilegales que promedian un precio de dos dólares.
Si bien fumar es nocivo para la salud, el enfoque de reducción del consumo de tabaco se ha apoyado en la carga impositiva. “Los impuestos al tabaco pueden salvar una vida cada seis segundos”, titula un artículo del Banco Mundial en julio del 2015. En este se mencionó un reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se señalaba que “los impuestos al tabaco a más del 75% del precio de venta es una de las medidas más efectivas para controlar la epidemia, especialmente entre los más jóvenes y los más pobres”.
¿Es así? Se estima que en Ecuador hay un poco más de un millón de personas que consumen productos con nicotina (tabaco), y que en 2022 se vendieron alrededor de 1.700 millones de cigarrillos. Esto significa un perjuicio para el Estado superior a 200 millones de dólares en pago de impuestos, ya que actualmente solo tributan el 16% de los cigarrillos vendidos en el país.
El problema tiene varios actores. Por un lado las marcas que llegan de manera ilegal, sobre todo de Asia (72%), y que se venden sin las advertencias gráficas en los empaques, sin los respectivos análisis de calidad para saber de qué efectivamente están hechos, sin procesos de almacenamiento apropiados, entre otros detalles.
Mientras las tabacaleras, que son las que hoy pagan tributos, reconocen sus pecados pero también señalan que no se puede vivir en el pasado.
“Hay que ir al futuro corrigiendo lo que hicimos mal. Lo ideal sería que una persona deje de fumar, pero si no es posible porque es adicto a la nicotina, hay innovaciones que le permitirían reducir hasta en un 95 por ciento la exposición a los químicos nocivos del cigarrillo”, señala Silvia Barrero Varela, vicepresidente de Asuntos Externos de Philip Morris International para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
En cuanto al Estado, el contrabando es otra de las “guerras” que enfrenta a diario y que está conectada a las actividades criminales del país. Pero sin resolver este tema, el impuesto al cigarrillo que ingresa formalmente solo queda como un elemento recaudatorio más no disuasivo para quien desee fumar. Su verdadero objetivo, de reducir el tabaquismo y mejorar la salud de los ciudadanos, se perdió en el camino.
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