En un giro inesperado del caso Hernán Mendoza, la autopsia revela una verdad que desafía las hipótesis iniciales sobre su fallecimiento. Contrario a las especulaciones de intoxicación por escopolamina, una caída accidental o hipotermia, los resultados forenses indican que el joven de 30 años recibió una puñalada que provocó su muerte por hemorragia.
Gabriela Mendoza, hermana de Hernán, compartió con Teleamazonas la impactante revelación de la autopsia, desmintiendo las teorías previas y arrojando luz sobre el caso que ha consternado a la comunidad.
“Mi hermano muere por una hemorragia interna, por un objeto cortopunzante que penetró el tórax. Para hacerle menos técnico, a mi hermano lo apuñalaron. Fue víctima de uno de estos tipos porque solo recibió una puñalada”, narró la hermana.
“A mi hermano lo mataron y luego lo arrojaron al río", dijo la joven, al señalar que su hermano “tenía fracturas producto del arrastre del río. Tuvo lesiones en el cráneo y cuerpo. A Hernán lo encontramos a tres horas de distancia de Guápulo. ¡Imagínese! Su cuerpo fue hallado en Guayllabamba, a orillas del río Manduriacu”.
El caso, que comenzó como una desaparición el 26 de enero de 2024 en el norte de Quito, ha avanzado con la identificación y procesamiento de tres personas vinculadas al incidente.
Franklin Geovanny Á. Q., el taxista que transportó a la víctima esa noche, ha sido procesado, junto con Félix Ronaldo F. S. y Stalin René A. C., quienes fueron vinculados recientemente al caso durante la instrucción fiscal iniciada el 10 de febrero de 2024.
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A pedido de Fiscalía, una jueza pidió que se oficie al Ministerio del Interior para que se incluya a los dos prófugos en el programa de los más buscados. También solicitó a la Interpol a que se emita una alerta de difusión roja para su localización y captura.
Por otra parte, este 15 de marzo de 2024, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, se tratará la apelación a la prisión preventiva del taxista.
A Franklin Geovanny Á. Q. –taxista que trasladó a la víctima esa noche–, aceptó que le pagaban 50 dólares por trasladar a jóvenes escopolaminados a la salida de bares, al norte de Quito.
La instrucción fiscal de este caso se ha ampliado de 30 a 120 días para permitir una investigación más exhaustiva.