Una mujer enfrenta graves acusaciones por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de migrantes. La Fiscalía presentó cargos contra Gabriela G. tras la denuncia de una víctima que reveló una alarmante red de migración ilegal a los Estados Unidos.
En febrero de 2023, en Riobamba, Fiscalía conoció la denuncia presentada por la persona perjudicada, quien –por medio de amigos– conoció a Gabriela G. y le comentó sobre unos problemas económicos que estaba atravesando.
La ahora procesada le habría ofrecido ayuda para emigrar ilegalmente a los Estados Unidos, ya que se dedicaba a esa actividad.
Acordaron un pago de 2.500 dólares, que el denunciante canceló. El 7 de enero de 2023 fue junto a otros migrantes –vía terrestre– desde Riobamba hasta Tulcán, donde le esperaba otra persona para llevarlos por pasos fronterizos no autorizados a Estados Unidos.
Mientras la víctima se encontraba viajando, Gabriela G. se comunicó con un familiar del denunciante para cobrar 2.400 dólares más, los cuáles fueron depositados en una agencia bancaria a nombre de un ciudadano que –supuestamente– lo iba a esperar en México.
Tras varios días de viaje, llegaron a Tapachula (México). Allí, un coyotero les habría entregado visas mexicanas falsas para poder ingresar a Estados Unidos.
Sin embargo, la travesía se truncó cuando la víctima fue detenida en la frontera entre México y Estados Unidos y posteriormente deportada a Ecuador.
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La Fiscalía, tras conocer la denuncia, inició una investigación exhaustiva que incluyó diversas diligencias e informes de la Unidad Nacional de Investigación Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Además, obtuvo información relacionada al proceso de detención y deportación del denunciante, documentación de los créditos obtenidos para pagar a los coyoteros, comprobantes de depósitos y transferencias, movimientos migratorios, reportes telefónicos, entre otros. Todos estos elementos de convicción fueron presentados en la audiencia de formulación de cargos.
Al concluir la audiencia, el juez dispuso medidas cautelares que incluyen la presentación periódica de Gabriela G. ante las autoridades y la prohibición de salida del país.
El delito de tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de la libertad de siete a diez años.