Asesinaron a un séptimo preso implicado en el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, según información extraoficial. El hecho violento se informó este sábado 7 de octubre horas después de la muerte de otros seis reos.
La Fiscalía General del Estado dispuso el levantamiento del cadáver del privado de libertad en la cárcel de El Inca, en Quito. Asimismo, ordenó la práctica de diligencias técnico-científicas para determinar su identidad y las causas de la muerte.
Previamente, la institución confirmó que sí existía una orden de traslado a otra cárcel para los seis colombianos presos que eran investigados por el asesinato de Villavicencio, y que este viernes 6 de octubre aparecieron muertos dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Sin embargo, la medida que fue dispuesta por motivos de seguridad no se cumplió, según lo confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).
En razón de aquello, la institución abrió una investigación en contra del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el ente gubernamental encargado de custodiar y administrar las cárceles del país.
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En el lugar de los disturbios personal de Fiscalía, Policía Nacional y Fuerzas Armadas (FF.AA.) ejecutaron protocolos de seguridad. Se dispuso el levantamiento de los cadáveres de los seis privados de libertad, para que se realicen las autopsias y determinar las causas de sus muertes
Asimismo, un jefe y dos guías penitenciarios del SNAI fueron llevados a una Unidad de Flagrancia, para que rindan sus versiones.
Sobre la identidad de los occisos se detalló que respondían a los nombres de Jhon Gregore R., Andrés Manuel M., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Sules Osmin C. y José Neyder L.
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Este grupo de colombianos había sido detenido horas después del asesinato de Villavicencio por ser presuntamente los autores materiales del crimen, junto a un séptimo compatriota que ejecutó los disparos que acabaron con la vida del candidato y que murió poco después.
La muerte de estos imputados ocurre pocos días después de que el Gobierno de Estados Unidos ofreciese una recompensa de cinco millones de dólares a quien ofreciese información sobre el autor intelectual del asesinato, y el mismo día que el ministro del Interior, Juan Zapata, habló de la posibilidad de hacer público el informe del caso elaborado por la Policía.