Después de sufrir un hecho de violencia sexual, la vida no vuelve a ser la misma, ni para la víctima, ni para su círculo familiar. Aunque ya pasaron dos años del traumático evento que Iván (nombre protegido) vivió el 28 de abril de 2018 en la Escuela Junta Nacional de la Vivienda, de Quito, su madre aún le escucha decir que prefiere morir porque no quiere que “el malo” le haga daño. El malo es Luis C.M., el profesor de educación física que abusó sexualmente de él cuando apenas tenía 5 años.
Para Sandra, la madre de Iván, esta pesadilla no ha acabado. Si bien el 20 de diciembre de 2019 Luis C.M. fue sentenciado por este caso a 13 años y cuatro meses de prisión -días antes recibió una sentencia similar por haber abusado de otro menor en la misma escuela- mañana 14 de julio tendrá su audiencia de apelación. En ella planea exponer que el proceso judicial tras el cual fue condenado, estuvo lleno de fallas.
“Aunque nos hayamos ido el dolor sigue ahí, el daño está hecho, eso no se puede borrar con nada y es muy duro, cuando se vuelven a acercar las fechas de audiencias es otra vez volver al dolor de nuevo, es otra vez recaer en lo mismo y tratar de que se haga justicia, que esta persona cumpla su pena y pague por el daño que nos hizo...”, dice Sandra, instantes después su voz se quiebra, ya no puede hablar más.
Ni siquiera la distancia les ha ayudado a olvidar, desde España esta familia lucha para que se haga justicia en un país en el que cada tres horas un niño, niña o adolescente es violentado sexualmente. Huyeron de los insultos, las amenazas de muerte y todos los hostigamientos que recibían casi a diario de parte de los familiares y amigos de Luis C.M.
“Las constantes amenazas, la gente mirándonos mal en la escuela y las personas alrededor que nos señalaban, mi esposa recibiendo llamadas de amenazas. No era un ambiente agradable para vivir. Esa fue la razón por la que tuvimos que buscar una nueva vida, más no por lo que le pasó a nuestro hijo. Si fuera por nosotros estaríamos ahí luchando y dando la cara, no solo por nuestro hijo, sino para que se haga justicia por los demás niños”, asegura Fabián, padre del menor.
Mientras avanzaban las investigaciones de Fiscalía, una noche Sandra se percató de que dos personas la seguían, quisieron golpearla y ella tuvo que salir corriendo. Fue hasta la Policía a poner la denuncia y habló con la fiscal que llevaba el caso de su hijo, pero ella le dijo que era imposible ingresar esas intimidaciones como agravantes en el proceso judicial.
Las amenazas llegaban también desde la propia escuela, en donde varios docentes apoyaban a Luis C.M. Durante las diferentes audiencias era común ver a profesores de la institución dando apoyo al abusador, con carteles en mano y gritos que desafiaban a los familiares y a la defensa de Iván. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo en un estado de derecho, en el que las víctimas de delitos sexuales deben estar revestidas de una protección especial, las instituciones educativas pueden volverse cómplices de los abusadores?
La abogada Juana Fernández, cabeza del Equipo Técnico de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado, comenta que el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia debe ir a tono con el Ministerio de Educación para analizar las conductas de los funcionarios o servidores de las instituciones educativas, pues las escuelas y colegios deben ser espacios libres de violencia. Precisamente para esta función existen los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECES), dice la experta en género, “para guiar y direccionar a las víctimas desde la consciencia de que estos espacios están libres de violencia, y que los profesores sean sensibilizados ante la necesidad de rechazar y demostrar el repudio ante los casos de violencia física, sexual, psicológica de los cuales un niño y una niña puedan ser víctimas”.
A pesar de esto, Sandra aún recuerda las negativas que recibió de la directora de la escuela y de la tutora de su hijo. La primera hablaba en contra de los padres de Iván aún en los actos cívicos de la institución. Vistazo intentó contactarse con ella, pero no se obtuvo respuesta. La segunda fue la primera en hablar con Iván después de ocurrido el abuso, pero no hizo nada.
Una mancha de sangre
Sandra solía recoger a su hijo de la escuela al medio día, pero el 28 de abril de 2018 notó algo raro en él, no decía ni una palabra. Al llegar a casa no quiso comer. Mientras su madre intentaba cambiarlo de ropa, el niño se agarraba con fuerza el calentador. Cuando consiguió quitárselo, descubrió en su ropa interior una mancha muy grande de sangre seca. “Yo intenté sacarle el calzoncillo para ver qué era lo que se había lastimado y le veo su pene hinchado y desgarrado”. Intentó averiguar qué le había pasado, pero el niño no decía nada.
Iván tiene problemas con el lenguaje, y justo ese día tenía cita a las 3:30 con su terapista. Sandra lo llevó y en el camino, tras nuevamente preguntarle ¿qué había sucedido?, el menor finalmente respondió: “Luis tocó”. Durante la sesión, la psicóloga confirmó lo peor y le recomendó a Sandra llevarlo a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), pero allí le dijeron que no podían ayudarla y que debía llamar a un patrullero. Terminó en la Fiscalía.
La psicóloga de turno que atendió a Iván lo interrogó de forma brusca e invasiva: “¿qué te pasó?, ¿alguien te tocó?”. La mujer dijo que pondría en el informe que el niño estaba evasivo, “no puedo hacer más porque el niño no quiere hablar más”.
Para la psicóloga clínica Pualina Inapanta, miembro del Equipo Técnico de Violencia de Género de la Fiscalía, y especialista también en temas de abusos de menores, en algunos casos los psicólogos que realizan este tipo de entrevistas no cuentan con los elementos para poder hacerlo de manera que no cause un impacto negativo en el testimonio del niño. De hecho, Fiscalía tiene un Protocolo de Escucha Especializada de Entrevista Forense en Casos de Violencia Sexual Contra Niños, Niñas y Adolescentes, que dicta pautas a los especialistas para evitar la revictimización y dar un enfoque de Derechos Humanos y género a la investigación.
De acuerdo con este protocolo, la primera regla es no poner en duda el relato de la víctima. “No se le hace preguntas al niño, simplemente se ingresa la noticia del delito, no se le pregunta cómo, cuándo, dónde, simplemente se toman los datos del menor, se ingresa el tipo penal e inmediatamente se activa el Servicio de Atención Integral (SAI)”, agrega la especialista en género, Juana Fernández. Después de esa fase se activan las cámaras de Gesell en donde se toma el testimonio anticipado de la víctima, en una única entrevista que debe ser grabada para utilizarse en el resto de diligencias de la investigación.
La Fiscalía cuenta con un protocolo para abordar a niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia sexual.
Después de Fiscalía, Sandra llevó a su hijo al hospital Baca Ortiz en donde un urólogo lo revisó y le recomendó averiguar “hasta el último” qué había pasado con Iván, ya que, según su experiencia, el niño habría sufrido una manipulación de su miembro.
La confirmación definitiva para Sandra llegó cuando un par de semanas después en la escuela de Iván, la madre de J.G.L.C. le confesó: “Mi hijo me dijo que el profesor Luis le tocó a tu hijo y que le sacó sangre. Yo le pregunté a mi hijo si también a él le tocaban y me dijo que si, que también se lo hacían y que le dolía”. Por este otro caso de abuso sexual, Luis C.M. también recibió una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión.
Mientras las madres hablaban, Luis C.M. las veía desde lejos. “Ingresé a sacar a mi hijo con la excusa de que lo tenía que llevar al médico. Me crucé con el agresor cara a cara y no me quitaba la mirada de los ojos, me siguió hasta el final. Cuando retiro a mi hijo, da la casualidad de que el profesor de Educación Física me abre la puerta, él iba muy atrás nuestro, mi hijo me agarró muy fuerte la mano, se puso demasiado tenso y asustado, así que salimos corriendo”.
La apelación
Cuando en 2018 un juez dictó prisión preventiva contra Luis C.M. por abuso sexual contra menores, este ya había huido. Un año después, el 5 de septiembre de 2019, el exprofesor de Educación Física fue finalmente apresado por la Policia Nacional.
El Complejo Judicial del Norte de Quito reinstaló la audiencia de juzgamiento contra el exprofesor el 18 de diciembre de 2019, pero está se canceló. Dos días después en el tramo final de la diligencia, Luis C.M. fue sentenciado a 13 años de prisión.
La abogada de Iván, Verónica Castro, enumeró cuáles fueron los diferentes elementos de convicción que permitieron la sentencia:
- El testimonio de la madre del menor y de la madre de uno de los amigos de la víctima.
- El testimonio anticipado del menor que se lo hizo a través de la Cámara de Gesell.
- El testimonio de la médica legista.
- El testimonio del doctor urólogo pediatra quien vio al menor el día de los hechos en Hospital Baca Ortiz.
- El testimonio de la terapista de lenguaje quien lo trataba al menor ya hace tiempo atrás.
- El testimonio de la psicóloga clínica que trabajaba en la fundación en donde se estaba tratando al menor.
- Los informes de la psicóloga perita, de la trabajadora social y del perito que realizó el Levantamiento Planimétrico.
- El reconocimiento del lugar de los hechos.
- El informe del perito que realizó la perfilación victimal del menor.
Sin embargo, el abogado del procesado, Hitler Barragán, asegura que durante el proceso el menor nunca dijo un nombre o contó lo que sucedió, y que en una evaluación con la psicóloga durante la fase de los dibujos de la escuela, le preguntan qué fue lo que le pasó, él responde que “se cayó y al pipi le salió sangre”.
Durante la investigación, según el abogado del sentenciado, en la sección de juegos el menor agarró un muñeco de hombre, le bajó el pantalón, observó que el muñeco tenía pene y volvió a ponerle el pantalón. “Luego de eso, le preguntaron al menor si conocía lo que era el pene. Él respondió que sí, después preguntaron si lo han tocado a él y responde que no”.
La defensa de Luis insiste en que la madre del menor inventó el abuso: “El invento de ella fue lo que resultó creíble y confiable. Pero todo es un invento”. Con estos argumentos, entre otros, este 14 de julio se llevará a cabo la Audiencia de Fundamentación de Recurso de Apelación, en donde la defensa del procesado tendrá que manifestar todos los puntos que consideran que han sido vulnerados y que no se han llevado de manera correcta dentro del proceso judicial.
Para Castro esta es otra forma de revictimización. Desde el momento en que las víctimas denuncian el hecho se encuentran expuestas a contar y recontar lo que les ha sucedido, exponiendo así su integridad. “Lo que le hace falta a nuestro sistema es respetar y brindar todos los servicios judiciales requeridos y disponer también de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad, comprensión, privacidad y comunicación”.
Con respecto a las amenazas que recibieron los padres del menor que causaron su mudanza a España, la abogada Castro indicó que los jueces se enteraron de esta situación días antes de la audiencia de juicio. Pero que dentro de la etapa de investigación, por el tipo de amedrentamiento e intimidación que sufrieron Sandra y Fabián, fueron agregados al Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos.
Cristina Torres, abogada y parte de la Coalición Contra el Abuso Sexual a la Niñez (Cocasen), dice que la defensa de Luis C.M. solo está dilatando el proceso. Por ello su organización ha estado y sigue presente en el proceso judicial. “Confiamos que este tipo de hechos van sentando un precedente y que estas sentencias que ya están dadas no pueden ser cambiadas así porque sí, en todo caso, si llegara a suceder eso, nosotros también apelaremos y presentaremos un recurso de casación en caso de que mañana no se ratifique la sentencia”.
Mientras tanto en España, Iván sigue enfrentando los fantasmas de un episodio traumático, los mismos que lo llevaron incluso a intentar quitarse la vida, a tan corta edad. Así mañana se ratifique la sentencia contra Luis C.M., la justicia aún está lejos de llegar.