La Fiscalía General del Estado recibió la notificación del Consejo de la Judicatura sobre la remoción de Juan Carlos I. de su cargo como agente fiscal en Manabí debido a una presunta "inhabilidad", derivada de su llamado a juicio.
El exfiscal enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de violencia psicológica contra su exconviviente, Naomi Arcentales(+), por lo que se lleva a cabo una audiencia de juzgamiento en la ciudad de Manta de manera reservada.
En junio de 2023, se formularon los cargos contra el exfuncionario de Fiscalía, quien desde entonces ha estado sujeto a presentaciones semanales y prohibición de salida del país.
Además, el procesado no puede enajenar bienes muebles e inmuebles hasta por 20.000 dólares. La jueza a cargo también dictó medidas de protección para los padres de la víctima.
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Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal Especializada en Violencia de Género a cargo del caso, presentó –entre otros elementos– varias versiones, el informe de entorno social practicado a la víctima y una pericia de identidad humana, actuada en un video de seguridad del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Naomi A.
En esta causa, Fiscalía efectuó la técnica especial de investigación denominada autopsia psicológica, que consiste en recabar datos sobre la historia de vida de la víctima y determinar las relaciones de poder tanto en el contexto personal, familiar, social y laboral.
También permite identificar las posibles vulneraciones a los derechos de la víctima, factores de riesgo, entre otros elementos que habrían llevado a la Naomi a quitarse la vida tras un año de convivencia con el procesado de este caso.
El cuerpo dela joven fue encontrado el 12 de diciembre de 2021, con signos de ahorcamiento, en la habitación de un edificio ubicado en la ciudad de Manta. Luego de varias diligencias practicadas, se concluyó que la mujer se suicidó.
El delito de violencia psicológica se encuentra tipificado en el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal, cuya sanción va de seis meses a tres años de pena privativa de libertad, dependiendo de las circunstancias del hecho.