La historia de Alexander Levoyer: el oficial que anunció mano dura al terrorismo
El general Alexander Levoyer, héroe del Cenepa y comandante de la Fuerza de Tarea Esmeraldas.
"Les advertimos que vamos a usar mano dura. Que entreguen las armas y no sigan matando a gente inocente. Nos duelen las víctimas colaterales, niños y ancianos. Si se matan entre ellos también duele, hay familiares que les lloran. Pero si levantan las armas, lamentablemente, tendremos que responder, eliminándoles”.
Quien lanza esta alerta es un héroe de guerra, excombatiente del Cenepa, el general de brigada Alexander Levoyer Rodríguez. Desde junio de 2022, el oficial dirige la Fuerza de Tarea Conjunta en Esmeraldas, luego de que fuera declarada como Zona Especial de Seguridad. Por su vecindad con el territorio colombiano, la antes llamada provincia verde se convirtió en un centro de operaciones, abastecimiento, procesamiento y envío de droga y combustibles para el narcotráfico. Con la operación de la Fuerza de Tarea, unos 2.500 uniformados, la mayor parte en jornadas 24/7, se despliegan en los siete cantones esmeraldeños.
Para ello debieron en primera instancia habilitar, adecuar y construir nuevas instalaciones militares. Los uniformados no actúan solo en campo operativo, sino también en inteligencia. El trabajo de casi un año tiene resultados, entre otros, la detención de 326 personas; la incautación de 273 armas y seis granadas; el decomiso de 16 embarcaciones, tres con drogas y 13 con combustibles. Un semisumergible también fue incautado durante las operaciones, explica el coronel Ricardo Egas, jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Tarea.
Además, explica Egas, la fuerza coordina acciones con su par de Colombia. Esto ha permitido a los uniformados de ese país entrar a sitios inaccesibles por años. “La fuerza militar apoya en forma prioritaria a la Policía, además a unas 25 instituciones del Estado, que pueden llegar en forma segura a cumplir con sus funciones en esta provincia, por ejemplo, las brigadas de vacunación para prevenir enfermedades infecciosas en niños”.
UN GIRO
Sin embargo, la matanza de nueve pescadores por parte de 30 sicarios, a mediados de abril, cambió el escenario. Todo indica que un grupo narcodelictivo (Los Tiguerones, aliados con la columna colombiana Urías Rondón, que operan para el cartel Jalisco Nueva Generación) buscaba asesinar a un enemigo. El grupo contrario se relaciona con Los Gangsters y Los Patones, próximos al Frente Oliver Sinisterra, la Segunda Marquetalia y el cartel de Sinaloa.
Los sicarios no hallaron al hombre que buscaban y mataron en el puerto a pescadores, en forma indiscriminada. La respuesta violenta, días más tarde, dejó cuatro víctimas, entre ellas una niña y su abuelo, quienes caminaban por el lugar sin intuir el peligro.
Fue en este contexto cuando, a fines de abril, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Alexander Levoyer, dio una declaración contundente. Durante un allanamiento, resultado de las investigaciones que siguieron a las masacres, los uniformados encontraron explosivos que iban a ser usados en atentados.
“Las fuerzas del orden estamos localizándoles, neutralizándoles, capturándoles y entregándoles a la justicia, esperamos que la justicia proceda como debe proceder. Y, si es necesario, a estos delincuentes lamentablemente tendremos que eliminarlos”, dijo, en rueda de prensa. Hizo, además, un llamado “A los padres, hijos, hermanos y vecinos, que saben que ellos están involucrados en estos actos delictivos, catalogados como terrorismo, que depongan las armas (...). Las fuerzas del orden tendremos que cumplir con nuestra delicada tarea y lo haremos con profesionalismo. Esperamos que otras instituciones del Estado se unan a esta cruzada, que es responsabilidad de todos”.
El oficial atiende a Vistazo, luego de un operativo en Ancón de Sardinas, un conjunto de islas cuya geografía de manglares se vuelve un escondite para quienes trafican con combustible. Este es subsidiado para pesca por el Estado. Mar adentro, cada galón cuesta 20 veces más. Vendido en forma ilegal, termina por abastecer a las narcoembarcaciones. Esmeraldas es un territorio que conoce a profundidad. En más de 42 años de vida militar (siete de cadete y 36 de oficial) ha patrullado en la zona desde cuando era subteniente.
“Un militar aprende a conocer el país y sus contradicciones. Esta querida provincia verde ha sido abandonada por décadas por el Estado, ahora vemos cómo la minería ilegal la está arrasando, otros delitos como la corrupción crecieron. Lamentablemente, algunos gobiernos atrás abrieron fronteras y pactaron con el narcotráfico. Vemos la realidad y nos desesperamos, pero la solución no vendrá en días ni en un par de años. No pasará solamente por acción de Fuerzas Armadas ni de Policía, es un trabajo de muchas manos, incluyendo a la Asamblea, a la justicia y que demanda una profunda intervención social, no solo punitiva”.
GUERRA
Alexander Levoyer Rodríguez nació en Quito, en marzo de 1965. Era apenas un niño cuando su padre, también militar, el general Richelieu Levoyer Artieda, fue ministro de Industrias durante el gobierno de Rodríguez Lara, a inicios de la década del 70. Levoyer Artieda fue parte del grupo de oficiales que diseñó el plan de desarrollo nacional. Años después, como ministro de Gobierno, jugó un rol crucial en el retorno a la democracia.
Elaboró la hoja de ruta, que entre otras acciones incluyó diálogos con actores sociales y organizaciones políticas emergentes. Impulsó el cierre de las cárceles que irrespetaban los derechos humanos de los detenidos. En 1981, Levoyer Artieda lideró, desde El Oro, las acciones militares durante el conflicto de Paquisha. En esa misión su brazo derecho fue el teniente coronel Paco Moncayo. Richelieu Levoyer fue diputado; falleció en 2015.
Con el pasar del tiempo, ya en el grado de general y con la experiencia adquirida en Paquisha, Paco Moncayo dirigió el teatro de operaciones del conflicto del Cenepa. Esto nos lleva a 1995. Alexander Levoyer Rodríguez era entonces un joven capitán del Ejército que cumplía las funciones de comandante de artillería antiaérea. Esa unidad derribó helicópteros peruanos. Los hechos se narran con detalle en el tomo tres del libro “De la cruz al trueno”, que recoge testimonios del conflicto.
Levoyer Rodríguez pertenece a la así llamada ‘generación de la victoria’, por su desempeño en el conflicto del Cenepa. Desde entonces, pasaron 28 años.
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AMENAZA
La amenaza actual no tiene un rostro visible, se presenta bajo el accionar sangriento de grupos que se disputan territorios para desarrollar economías ilegales. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) categorizó a estos grupos como “terroristas” a inicios de mayo. El decreto 730, emitido en paralelo, dispone que las Fuerzas Armadas, en defensa de la soberanía, la integridad territorial y los derechos de las personas, ejecuten operaciones para enfrentar al terrorismo. Las estrategias deben coordinarse con la Policía Nacional.
Más de un ecuatoriano defiende y aplaude el anuncio de la “mano dura”. Casi en forma paralela a la declaratoria, seis presuntos delincuentes fueron abatidos por la Policía en distintas acciones y en varias ciudades. Una de ellas terminó en un enfrentamiento armado al norte de Guayaquil; murieron dos personas. Según las autoridades, fueron actos de uso legítimo de la fuerza.
“La historia juzgará a quienes debieron hacer esto, hace 15 años o más. Chile no tiene los niveles de violencia de Ecuador pero está preparando la contención, algo que acá no se hizo”, explica a Vistazo el ministro del Interior, Juan Zapata. “La declaración del Cosepe es dura, pero tiene que haber acciones de ese tipo, porque las amenazas afectan al territorio y a la soberanía”.
¿Era necesaria la declaratoria de terrorismo? El terrorismo, dice Zapata, tiene una base fundamental que es la intimidación, busca generar terror. “El último año hemos notado acciones que marcan esta característica; atentados con coches bomba, tomar una cárcel y convertirla en una zona aislada del Estado son acciones terroristas, al igual que colocar explosivos alrededor de una persona o asesinar de manera sanguinaria”. Zapata alerta que hay que diferenciar entre terrorismo, crimen organizado y delincuencia común. Ante el primer caso, en un manual se establecerán protocolos de acción, que definen el uso progresivo de la fuerza. “Frente a amenazas letales tiene que haber respuestas letales”.
UNIFORMADOS ABATIDOS
Horas antes de la declaratoria del Cosepe, el sargento primero Iván Alcívar, de 43 años, y el sargento segundo Henry Toalombo, de 37, fueron asesinados a tiros en La Troncal, Cañar. “Nos duele el alma estar de luto, hemos perdido 19 policías este año”, lamentaba Zapata. En 2022, la institución policial tuvo 75 bajas.
“Estamos poniendo los muertos pero nos sentimos solos. En Chile, cuando una carabinera murió a manos de la delincuencia, la justicia, la sociedad y el gobierno cerraron filas y generaron una ley que da fuerza para que ante la mínima amenaza el uniformado pueda usar el arma de dotación”. En marzo murió por disparos el cabo segundo del Ejército Ronny Intriago.
Militarizar las calles no resuelve dos problemas críticos: impunidad y contaminación de las fuerzas. De más de mil detenidos en Guayaquil, durante el estado de excepción, un alto porcentaje tiene más de 12 detenciones, según registros. Solo entre enero y abril, 10 decisiones a cargo de jueces y/o fiscales causaron la liberación de detenidos con alto perfil. Uno de ellos, Elby Zúñiga, cabeza de Los Tiguerones.
Lo liberó el juez de Quinindé Luis Cevallos, quien fue suspendido. Él adujo que no podía estar preso más de 24 horas.
La contaminación de las fuerzas uniformadas es un hecho. Según Zapata, fue debilitada la disciplina policial que es la columna vertebral de la institución. Un proyecto de ley, que esperaba el primer debate en la ahora diluida Asamblea, buscaba la baja discrecional mediante un procedimiento abreviado.
Frente a delitos flagrantes o evidencias contundentes, no habrá que esperar 60 días para demostrar las faltas graves. El Comandante de la Policía podrá disponer la baja del uniformado, decisión que deberá ser ratificada por el Ministro. Según un estudio académico, por cada 10 procesos penales por delincuencia organizada, en uno estaba involucrado un policía en servicio activo.
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