Alexander Roldán Paredes, alias "Jr", no cumplirá arresto domiciliario. Así lo dispuso el nuevo juez de Garantías Penitenciarias que actualmente conoce el hábeas corpus solicitado por el privado de la libertad.
La Corte Provincial de Justicia del Guayas informó, este jueves 28 de abril de 2022, que en la resolución del magistrado se resolvió que el cabecilla de la banda delictiva "Los Choneros" sea trasladado únicamente al hospital.
En la resolución el juzgador mencionó que existe un informe policial en el que se establece que el domicilio del PPL no cumple con las condiciones mínimas de seguridad "para garantizar su vida ni la de los miembros de la Policía Nacional".
Además señaló que, en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas, no existe un hospital de especialidades nivel 3 que permita atender cualquier emergencia en caso de quebrantamiento de la salud del PPL, por lo que ordenó que el traslado se realice al hospital Abel Gilbert Pontón y no a su domicilio.
La resolución también establece que, una vez superado los problemas médicos, Junior deberá ser trasladado al centro de privación de libertad regional Guayas para a seguir cumpliendo su pena.
El pasado viernes 22 de abril, el juez Pedro Moreira le concedió al sentenciado un habeas corpus que permitió su salida de la cárcel para que cumpla arresto domiciliario en el El Triunfo, luego de que el abogado de Roldán presentara un informe médico en el que se argumenta que su defendido tiene cuatro padecimientos.
Sin embargo, el implicado se negó a asistir a un hospital en Guayaquil -como había dispuesto el juez en primera instancia- al asegurar que su vida corría peligro en el centro médico, por lo que apeló hasta que Moreira le otorgó el arresto domiciliario.
Sobre los cuidados que requeriría alias "JR" en su vivienda, se conoció que le costarían al Estado ecuatoriano alrededor de 20 mil dólares al mes, sin contar viáticos ni combustibles, según información de la Policía Nacional. Al año, el gasto iba a representar unos 240 mil dólares.
Roldán fue sentenciado a 22 años de privación de la libertad por el delito de asesinato. Y ha sido involucrado en otros casos por delincuencia organizada, ingreso de artículos prohibidos en la cárcel, daño a bien ajeno e intimidación.
También ha sido señalado como el mentalizador de las mortales riñas ocurridas en la cárcel de Guayaquil y las extorsiones que se generan. En 2015 se conoció que el detenido habría dado la orden de que se ejecuten al menos 32 asesinatos.