El juez José Luis Alarcón Bowen está en el ojo de la tormenta, junto a su colega Mary Quintero Prado. Ambos declararon la inocencia de 18 procesados por el tráfico de 20 toneladas de cocaína, con el voto salvado del juzgador Carlos Fuentes. Alarcón fue asesor jurídico en la Presidencia de la República en dos períodos, durante el correísmo, y secretario de la Fiscalía en 2010. Hasta 2017 estuvo casado con Estefanía Grunauer, actual candidata al Concejo de Quito por la lista de Jorge Yunda, con Pachakutik. Ella lo enjuició por alimentos.
La investigación transnacional que duró un año y medio se fue, por el momento, al traste. La estructura delictiva enviaba cocaína por toneladas desde Manta por mar a Centro y Norteamérica en alianza con el cartel de Sinaloa. Los 18 detenidos acaban de ser declarados inocentes por dos de los tres integrantes del tribunal que conoció el caso. Uno de los votos a favor de los acusados corresponde al juez José Luis Alarcón Bowen. El juzgador acredita una trayectoria como funcionario de la Presidencia y la Fiscalía, durante el gobierno de Rafael Correa.
La revisión de su historial judicial revela que Alarcón Bowen fue esposo de Estefanía Grunauer, actual candidata al Concejo de Quito por la lista de Jorge Yunda, con Pachakutik. Ella lo demandó por el pago de pensiones alimenticias en 2017, argumentando que desde que estuvo embarazada él no le proveyó de recursos económicos para su manutención. Grunauer fue muy cercana al correísmo y a partir de 2019 se convirtió en una estrecha colaboradora de Yunda en la Alcaldía de Quito. Fue supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, hasta enero del 2021, cuando dejó el cargo. Su nombre también aparece en los chats del celular incautado al hijo de Yunda, Sebastián, hoy prófugo, como persona de mucha confianza de Christian Hernández sobrino del entonces Alcalde.
El juez Alarcón también registra procesos judiciales por un choque con volcamiento y muerte, en 2011, y tres contravenciones de tránsito.
El Carrusel de la Presidencia y la Justicia
Entre 2010 y 2022, Alarcón ocupó cargos en la Fiscalía, la Presidencia de la República y el Poder Judicial.
En 2010, Alarcón Bowen fue secretario de Fiscalía. Para 2014, ya actuaba como asesor jurídico de la Presidencia de la República, en el segundo período de Rafael Correa en el poder. Un distributivo de la época lo muestra como asesor 2 en la Secretaría General Jurídica, que a esa época estaba liderada por Alexis Mera, hoy sentenciado y preso por el caso Sobornos.
En 2015 y 2016 probó suerte en la Justicia: fue juez en el tribunal de garantías penales de Manabí. Pero en 2016 volvió a asesorar a la Presidencia de la República, en la Secretaría Jurídica. Y dos años después regresó como juez a los tribunales en Manabí.
Desde 2018 se desempeña como juez de tribunal de garantías penales. En 2022 aparece como integrante del tribunal de garantías penales de Manta. No obstante, en la base de datos del Ministerio de Trabajo no está registrada su relación laboral presente.
Como juez de garantías penales, Alarcón Bowen fue ponente en la audiencia que resolvió el estado de inocencia de 18 acusados de participar en abastecimiento y logística a embarcaciones dedicadas al envío de drogas.
La audiencia duró 22 días. Según fuentes de la Fiscalía, entrevistadas para este reporte, se practicaron 35 testimonios, se reprodujo la grabación del testimonio anticipado de un agente estadounidense que participó en las investigaciones; se introdujeron tres asistencias penales internacionales. Una analista, además, explicó que dos de los principales implicados movieron, por separado, más de un millón de dólares entre 2018 y 2020. La evidencia probatoria además incluyó todas las pericias informáticas, que incluyen mensajes interceptaciones en teléfonos satelitales. En códigos se mencionan coordenadas para el encuentro de las naves en alta mar.
Esta alianza periodística contactó a Alarcón a tres de sus números celulares, para pedirle su versión sobre las críticas a su fallo, pero no respondió nuestros mensajes.
20 toneladas de coca del cartel de Sinaloa
La investigación en el país empezó en agosto de 2020, a cargo de una unidad de élite especializada en delitos transnacionales. Durante un año y medio aproximadamente se identificaron propietarios y capitanes de buques pesqueros, que abastecían en alta mar de combustible a las naves que transportaban droga.
En Estados Unidos, las incautaciones relacionadas con esta estructura ascendieron a 20 toneladas, explicaron a esta alianza fuentes cercanas a la investigación. Personas de nacionalidad ecuatoriana, colombiana y mexicana fueron detenidas.
Los capos del cartel de Sinaloa coordinaban los envíos de droga, según la investigación en EE.UU., donde hay varios detenidos, incluidos ecuatorianos.
MAPA CON GEORREFERENCIACIÓN DE NAVES DE ABASTECIMIENTO
A través de tres asistencias penales internacionales, Estados Unidos proporcionó información sobre los procedimientos de incautación, identidades de los responsables, detalles de las embarcaciones.
Uno de los procedimientos incluyó la incautación de 300 kilos de cocaína en una lancha de arrastre de propiedad del ecuatoriano Pedro Pilligua. Según el expediente, abastecía de combustible a las narcolanchas. Él y su pareja, que también tiene la nacionalidad española, se encuentran detenidos en una cárcel de California.
Los expertos identificaron el geoposicionamiento de las embarcaciones que abastecieron de combustibles y logística a las narcolanchas, explicaron fuentes cercanas a la investigación. Además, comentaron que quedaron registros de tripulantes de una nave abastecedora que fueron dejados a su suerte, a la deriva en el mar, y se supone que fallecieron.
Operación antidrogas transnacional
Con la información de las embarcaciones, los propietarios y las tripulaciones se realizó un megaoperativo que combinó fuerzas de varios países. Así, a fines de octubre de 2021, en la Operación Poseidón se detuvieron diez embarcaciones pesqueras. A día seguido se formularon cargos contra 14 coautores del delito tipificado en el art 221 del COIP. Entre los detenidos se incluye un miembro de la Armada en servicio pasivo, propietario de una de las embarcaciones. Otras ocho personas fueron vinculadas en enero de 2022, como coautores.
En marzo de 2022, el agente estadounidense que participó en el proceso narró durante seis horas los detalles del abastecimiento logístico, explicando la participación de cada embarcación en el proceso que implicó la llegada de la droga a su destino final. Y en junio, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía sustentó el dictamen acusatorio. Como resultado, el juez de instrucción emitió el auto de llamamiento a juicio.
En agosto, la audiencia de juzgamiento empezó para conocer la situación jurídica de las 18 personas.
Escandalosa decisión judicial
El viernes 16 de diciembre, con voto de mayoría de los jueces Alarcón Bowen y Mary Quintero Prado se confirmó el estado de inocencia de los procesados.
A su juicio, Fiscalía habría probado que las personas procesadas abastecieron combustible a las lanchas que transportaban droga. Sin embargo, discreparon con el tipo penal establecido por Fiscalía. Argumentaron que los dueños del cargamento habrían incurrido en ese delito, no así sus colaboradores. Estos quizás pudieran ser procesados por delincuencia organizada o asociación ilícita, estimaron los juzgadores.
El tercer juez del tribunal, Carlos Fuentes Zambrano no estuvo de acuerdo con su colegas y emitió un voto salvado. Dictó sentencia condenatoria en contra de los acusados.
Fuentes de la Fiscalía explicaron su inconformidad ante la decisión judicial. Anunciaron que apelarán y presentarán quejas contra ambos juzgadores en el Consejo de la Judicatura. De su lado, agentes policiales afirmaron que la actuación de estos operadores de la justicia desbarata un esfuerzo investigativo transnacional de gran complejidad, que requirió el empleo de importantes recursos y cooperación internacional.
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