Iván Saquicela presentó una acción constitucional por su suspensión y dice ser "perseguido"
Saquicela dice ser "perseguido" por las denuncias que hizo en contra del Consejo de la Judicatura.
El suspendido presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, presentó una acción constitucional, luego de que el Consejo de la Judicatura (CJ) lo inhabilitó de sus funciones por 90 días. Además, rechaza el inicio de una investigación en contra de los jueces provinciales que lo apoyaron tras la sanción.
A través de Twitter, Saquicela escribió que han vulnerado sus derechos y han afectado a la Función Judicial. “Presenté una acción constitucional en el lugar de mi domicilio, Cuenca. Como hombre de derecho me defenderé personalmente, el Ecuador podrá escuchar mis argumentos en audiencia pública y a la luz del día”.
El pasado viernes el pleno de la judicatura ordenó la inhabilitación de Saquicela porque habría cometido una presunta "infracción gravísima de manifiesta negligencia" señalada en el COFJ (Código Orgánico de la Función Judicial), tras una denuncia relacionada con el supuesto retardo en la tramitación de un caso de extradición.
Un día después, el sábado 21 de mayo, el CJ dispuso abrir una investigación a los jueces, que en su calidad de presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia, participaron en una rueda de prensa en la que rechazaron el inicio de procedimientos judiciales en contra de Saquicela.
El presidente de la Corte Nacional calificó esta acción como “persecución”. Así mismo, se quejó sobre algunas irregularidades en el sistema.
“Fiscales provinciales encargados por más de 4 años. Déficit de 500 fiscales a nivel país, jueces especializados en garantías penitenciarias, notarios prorrogados en funciones y precarización laboral en la Función Judicial por falta de concursos”, indicó.
También recordó las denuncias, que podrían haber provocado la persecución contra él. Por ejemplo, la declaratoria de inconstitucionalidad a la evaluación de los jueces del Consejo de la Judicatura, los 12 años sin evaluar a la Defensoría Pública, 9 a la Fiscalía General del Estado, 5 a los jueces de primer nivel y cortes; y 9 a los notarios públicos.
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