Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria de diez años de pena privativa de libertad contra un procesado por haber secuestrado y robado a una mujer al interior de un taxi de alquiler: se le sustrajo 600 dólares, anillos y cadenas de oro, el teléfono celular, tarjetas de crédito y documentos personales. Además, la drogó y retuvo por tres horas.
La mañana del 18 de enero del presente año, una mujer abordó un taxi para trasladarse al centro de Guayaquil. Una vez embarcada, el conductor puso seguro a las puertas y arrancó a un lugar apartado y desolado, donde la agredió verbalmente, amedrentándola y amenazándola de muerte si no entregaba sus pertenencias. Finalmente la durmió con escopolamina.
Una vez reducida, la llevó por cerca de tres horas a varios lugares para tratar de sacar dinero de sus tarjetas de crédito, dejándola posteriormente abandonada a la altura de la vía perimetral, en el viaducto de la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de la ciudad, donde fue socorrida por un patrullero de la Policía Nacional.
Fiscalía determinó la participación del procesado, una vez que la víctima pudo denunciar el hecho en la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo. Ella pudo salir de su letargo y recordar ciertos perfiles fisonómicos del conductor y las características del vehículo en que fue retenida. Con esos datos, se coordinó con las entidades de seguridad para, a través de las cámaras apostadas en la ciudad, identificar y detener al ya sentenciado, quien fue aprehendido horas después del hecho.
En la audiencia de juicio, en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, Juan Carlos Iturralde, presentó como pruebas: el testimonio de nueve personas, entre ellas, el denunciante, la víctima, los agentes aprehensores e investigadores y el perito que avaluó la evidencia encontrada.
Además de los informes investigativo y pericial levantados por la Policía Judicial, los reportes telefónicos y extracción de información de los mensajes de textos enviados al celular de la víctima, ya que fueron utilizados por el procesado para comunicarse con su familia; y las versiones de la perjudicada.
El Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Rocío Álvarez, Diana Cueva y Edwin Logroño, acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y dictó sentencia condenatoria contra Luis Antonio G. S., determinando también el pago de una multa de cuarenta salarios básicos unificados (16.000 dólares) y de 1.200 dólares como reparación integral a la víctima.
Fiscalía procesó este caso con base en los artículos 161 y 162, primer inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el secuestro extorsivo con prisión de diez a trece años.