Por el caso de captación ilegal de dinero a través de la empresa ambateña Kapital Release Club o KRC (no autorizada por la Superintendencia de Bancos), Fausto Medardo C. S. es el décimo primer sentenciado.
El sujeto se encontraba prófugo de justicia y fue capturado en diciembre del 2022, para que cumpla con su responsabilidad penal.
Los demás sentenciados fueron detenidos en un operativo ejecutado el 7 de julio de 2021 en varios sectores del centro de Ambato. Al momento de su aprehensión tenían alrededor de 200.000 dólares en su poder, además de máquinas contadoras de dinero, un camión, una motocicleta, terminales móviles, documentación de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captación, entre otras evidencias.
Con varias promesas falsas de “salir de la pobreza de la noche a la mañana”, los sentenciados captaban a sus víctimas por medio de redes sociales, muchos de ellos pedían préstamos en entidades bancarias para invertirlos en KRC.
Entre las pruebas presentadas por Fiscalía, en la audiencia de juzgamiento, están los testimonios de las personas perjudicadas que afirmaron haber entregado altas sumas de dinero, por las que les prometieron el pago de una tasa de interés del 3% diario.
También la certificación de la Superintendencia de Bancos, donde informó que KRC no estaba autorizada para captar dinero; así como el certificado de la Bolsa de Valores, donde concluyó que la persona jurídica KRC no estaba inscrita en la entidad, por lo tanto, no constaba en sus registros operativos.
Fiscalía agregó el informe de la Unidad de Análisis Financieros y Económico (UAFE), en la que se determina que Fausto Medardo C. S. tiene un estado activo con operaciones del sistema financiero en algunas entidades bancarias, de 997.632 dólares en 2021.
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Finalmente, la institución incluyó informes bancarios y del Servicio de Rentas Internas (SRI), para determinar que el ya sentenciado incrementó sus recursos económicos y patrimoniales en menos de un año y que realizaban transacciones bancarias, compras de bienes inmuebles y vehículos, que sobrepasaban los 35.000 dólares, sin que estas hayan podido ser justificadas.
El Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y le impuso una pena privativa de la libertad de cinco años, como autor directo de captación ilegal de dinero.
El fallo también incluye una multa de veinte salarios básicos unificados del trabajador en general y, como reparación integral, la devolución del dinero de las víctimas que puedan demostrar el perjuicio.
El 15 de diciembre 2022, seis procesados fueron sentenciados por esta causa mediante procedimiento abreviado, otros cuatro fueron condenados en procedimiento ordinario.
La captación ilegal de dinero está tipificada en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal. En este caso se tomó en consideración en inciso primero, que sanciona con una pena de cinco a siete años a quien cometa este delito.