Un informe policial difundido este sábado indicó que, tras varios meses de investigación, la Policía asestó un duro golpe a una organización ilegal que usaba las dos viviendas allanadas para el acopio de armas y también de droga que luego era enviada al exterior.
En la operación denominada 'Fénix 76', ejecutada la noche del viernes, los agentes allanaron las dos viviendas y encontraron 2.055 paquetes que contenían 2,4 toneladas de cocaína, además de un fusil, dos vehículos y dinero en efectivo.
La fuerza del orden precisó que en el operativo se detuvo a cuatro personas identificadas como Joel V., Luis F., Macario T., y Ángel A., quienes han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes.
Según cálculos de la Policía, esta intervención ha permitido retirar del mercado 24.003.400 dosis de cocaína y ha supuesto un duro golpe a la economía de las estructuras criminales en el país.
Por otro lado, se conoció que una de las viviendas allanadas está ubicada en la etapa cinco de una urbanización cercana a la autopista Narcisa de Jesús en Pascuales.
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Sorprendió el hecho de que la banda pudo camuflarse sin problemas, pese a que existe una garita principal y cada etapa tiene otra para precautelar la seguridad. Además, solo pueden ingresar los inquilinos con sus huellas o tag, según menciona un reporte del diario El Universo.
El anuncio sobre esta operación antidrogas se dio en medio de la aplicación de un estado de excepción y 'conflicto armado interno' decretados por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para atajar la espiral de violencia desatada por grupos de delincuencia organizada, que sacudió al país a comienzos de año.
La escalada de la violencia se desató justo después de que el presidente Noboa anunciara su decisión de poner en marcha su "Plan Fénix", con el objetivo de recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas internamente por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades habían dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
Esa violencia también se trasladó a las calles hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.