El Gobierno entregó este jueves a los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio, asesinado en 2018, los documentos clasificados como secretos de las deliberaciones del Consejo de Seguridad durante el tiempo que permanecieron secuestrados por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) antes de ser ejecutados.
La entrega de esta información se realizó en cumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional, que ordenó al Ejecutivo del presidente Daniel Noboa desclasificar las actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) y entregarlas a los familiares de las víctimas, después de que no lo hiciesen las dos anteriores administraciones de los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023).
El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 cuando acudieron a la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, para recabar información sobre el auge de la violencia en el sector.
En abril de ese año, tras 18 días de incertidumbre, el entonces presidente Lenín Moreno confirmó que los tres fueron asesinados por el Frente Oliver Sinisterra, una organización disidente de la guerrilla de las FARC liderada por Walter Patricio Arízala ('Guacho').
Los cuerpos del equipo de prensa fueron encontrados en un área remota del municipio colombiano de Tumaco, fronterizo con Ecuador.
La entrega de los documentos desclasificados se realizó este jueves en el presidencial Palacio de Carondelet, a donde acudieron Ricardo Rivas, hermano Paúl Rivas; Galo Ortega, padre de Javier Ortega; y Christian Segarra, hijo de Efraín Segarra.
"Entregamos toda la información que durante administraciones anteriores ha sido negada. Han sido más de seis años buscando la verdad. Sabemos que este no es el fin, no es la justicia que están esperando, pero es el inicio para continuar con las investigaciones. Cuentan con nuestro apoyo y respaldo en este proceso", señaló la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez.
"Muy aparte de cumplir con lo dispuesto (por la Corte Constitucional), estamos convencidos de que es un acto de reivindicación histórica", dijo Vélez, quien calificó este día como "histórico".
Por su parte, Ricardo Rivas reconoció que este jueves se cumplió con la expectativa que tenían los familiares de las víctimas y precisó que aún no pudieron revisar el contenido de los documentos.
"Tendremos un tiempo para revisar la información que se ha entregado el día de hoy. Hay documentos que hay que leerlos detenidamente con el equipo legal y las familias que estamos aquí presentes", explicó Rivas.
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"Vamos a tener un tiempo para emitir una respuesta a través del equipo legal hacia la Corte Constitucional para indicar lo que hemos recibido (en cinco días)", añadió.
De su lado, Christian Segarra admitió que confía en "aclarar dudas sobre lo ocurrido y qué es lo que se habló durante las sesiones (del Cosepe) y llegar un poco más cerca de la verdad, y así poder tener algo más de justicia".
Segarra también deseó "poder encontrar información que aporte a las investigaciones de la Fiscalía y nos acerque a la luz de los hechos qué ocurrió".