Los efectivos Andrés S. y Jorge T., agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, fueron señalados como presuntos infractores tras una investigación realizada por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Ellos "efectuaban pericias dentro de las investigaciones por accidentes de tránsito. En estos informes, habrían alterado datos como: la causa basal (motivo por el que se produjo el accidente) y avalúo de daños materiales de los vehículos accidentados, a fin de favorecer a los sujetos procesales", precisó el Ministerio Público.
Los efectivos, detenidos el 27 de septiembre tras una serie de allanamientos coordinados con la Policía Nacional en Tungurahua, Bolívar y Pichincha, también habrían exigido pagos ilícitos a personas para admitirlas en la escuela de formación de la Policía Nacional.
"En la audiencia de formulación de cargos, realizada ante un Juez de Garantías Penales de Tungurahua, con sede en el cantón Ambato, el fiscal del caso presentó como elementos de convicción los informes de seguimientos, vigilancias e interceptación de comunicaciones", puntualizó la Fiscalía General del Estado.
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Tras la audiencia, un juez dispuso que los procesados se ciñan a una prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante las autoridades, medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.
El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de entre tres y cinco años.