El exjuez de Paján Simón Oswaldo G. T., que en diciembre de 2022 dejó en libertad a Daniel Salcedo, fue llamado a juicio por presunto prevaricato. El Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio.
En la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscal Provincial de Manabí informó que la investigación en este caso inició de oficio, luego de conocer una noticia de delito (que fue hecha pública a través de una red social) sobre el accionar irregular del entonces Juez, relacionado con una acción de protección.
Luego de la investigación, Fiscalía determinó que el procesado –abusando de sus atribuciones, sus funciones y desnaturalizando una acción constitucional– concedió una medida cautelar a favor de una persona sentenciada por el delito de robo con resultado de muerte. También, que habría actuado sin competencia, vulnerando lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional.
Eso fue sustentado en la audiencia con la presentación de elementos de convicción entre los que se incluyeron: copias certificadas del expediente sustanciado por el hoy procesado, así como la sentencia por robo con muerte contra María M., la beneficiaria de la acción constitucional.
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Además, versiones, el informe investigativo, el resultado de un informe documentológico, entre otros, que permitieron establecer un nexo causal y la presunta participación del exjuez en el delito de prevaricato.
En la misma diligencia se ordenó la prisión preventiva para el exmagistrado, la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y la retención de cuentas que tenga en el sistema financiero nacional.
El artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que el delito de prevaricato será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Asimismo, el exjuez es uno de los procesados dentro de la trama de corrupción denominada Caso Plaga, que investiga el abuso del derecho a través del otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad (PPL), que habría derivado en el cometimiento del delito de delincuencia organizada. Por este proceso, el pasado 3 de abril, Simón G. fue uno de los detenidos en el cantón Rocafuerte (Manabí).
Fiscalía también ha cuestionado otras decisiones del exjuez que, bajo su criterio, se encuentran apartadas de la ley, como la decisión con la cual Daniel Salcedo recobró su libertad, aunque sobre él pesaban tres sentencias condenatorias.
El 9 de diciembre de 2022 Salcedo salió de la cárcel 4 de Quito, luego de que García emitiera una boleta de excarcelación. Esto porque consideró que, en cinco procesos penales, había caducidad en la prisión preventiva.