"El día 13 de junio vamos a hacer una marcha en las cabeceras provinciales para hacer la entrega del mandato del 12 de enero que trabajamos, en coordinación con el Frente Nacional AntiMinero" para defender la vida, el agua, la naturaleza y los territorios, dijo el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en una rueda de prensa.
A las autoridades del movimiento Pachakutik, brazo político de la Conaie, pidió que no permitan "el avance agresivo de la minería a gran escala, de la minería a cielo abierto".
Iza avanzó que el mismo 13 de junio presentarán una demanda de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo 754, que da vialidad a la consulta ambiental.
Indicó que tras la disolución del Parlamento por parte del jefe de Estado, Guillermo Lasso, el mes pasado y el adelanto de elecciones generales, el presidente puso en vigor el decreto 754, "que reforma el Reglamento al Código de Ambiente".
"Dicho decreto reincide, una vez más, en las mismas inconstitucionalidades respecto a la consulta previa, (sobre las) que la Corte Constitucional ya ha declarado en varias sentencias", dijo al añadir que el decreto confunde la consulta ambiental con la consulta libre, previa e informada de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas.
Además, "regula el ejercicio del derecho constitucional a la consulta previa, por un mero decreto, cuando la Constitución exige que el ejercicio de los derechos constitucionales se regule por vía legal", anotó.
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En la rueda de prensa, Iza respaldó la consulta popular que busca mantener en tierra el petróleo de la zona amazónica del Yasuní.
"La consulta popular del Yasuní es una oportunidad histórica para detener la destrucción del bosque amazónico, que es el hogar de los últimos pueblos indígenas en aislamiento: los Tagaeri, los Taromenane, y también es el lugar más biodiverso del planeta", dijo Pedro Bermeo, del colectivo Yasunidos, en la rueda de prensa.
Consideró que la consulta "es una victoria de los sectores sociales históricamente más oprimidos de la sociedad ecuatoriana y global".
Bermeo destacó que se trata de la primera consulta a nivel nacional promovida "desde la ciudadanía, desde abajo hacia arriba", y que propone dar prioridad a la vida por encima de la extracción de combustibles fósiles.
"Es una victoria de los derechos humanos, de la libertad y de participación democrática, de una democracia radical. El extractivismo en el Ecuador ha significado pobreza, violencia, corrupción, enfermedades catastróficas, muerte, genocidio de pueblos y nacionalidades", comentó.
Y sostuvo que "la democracia directa es una oportunidad de repensar el modelo económico del Ecuador, en un contexto en el que quedan reservas petroleras para menos de 15 años".
"La consulta popular del Yasuní es la esperanza para un nuevo modelo que pone en el centro la vida humana y no humana. La democracia y los derechos. Esta consulta no es una declaración contra nadie", finalizó.
De su lado, Alicia Cahulla, nacida en el Yasuní, dijo que el petróleo ha sido para ellos "un veneno", y que su explotación ha dañado el medioambiente: "Nos han destruido".
En la zona hay pueblos aislados, a los que se debe respetar: "Son los últimos guardianes del Yasuní", dijo antes de pedir el apoyo, el próximo 20 de agosto, a la consulta popular, que se realizará junto a las elecciones extraordinarias para designar a los representantes del Ejecutivo y el Legislativo.