Este es el mapa del crimen organizado en Ecuador: hay zonas convertidas en centros de negocios de lo ilícito
En Ecuador hay territorios reconocidos como “business center del crimen organizado”. Manta aparece como territorio emergente del lavado.
El mito de la isla de paz quedó sepultado, para siempre. Ecuador es hoy uno de los países más violentos de la región y su tasa de homicidios se disparó. De 221 cantones, más de la mitad tuvieron cifras en rojo. Sesenta y siete de ellos tienen tasas superiores al promedio de Latinoamérica, según el estudio sobre variación de muertes violentas del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, OECO.
Esta radiografía muestra una relación entre rutas de transporte de drogas, zonas de almacenamiento y territorios de violencia. Todo indica que al país entran anualmente unas 500 toneladas de droga, en su mayor parte, cocaína. El problema de fondo, explica Renato Rivera coordinador de OECO, es que no hay control en el ingreso, vía fronteras y pasos clandestinos. El esfuerzo se enfoca en las zonas de salida, que son los puertos y rutas de acceso al mar. En el ínterin, una cadena de actores participa en el transporte, acopio, vigilancia, distribución. Desde esa perspectiva, es necesario redirigir las estrategias desde el Estado.
Un informe, hasta ahora inédito, revela por primera vez el mapa global del crimen organizado. Y pone nombres a los actores de la criminalidad.
El narcotráfico es la principal expresión del crimen organizado en Ecuador, con un 23 por ciento de incidencia; seguido de lavado de activos, con un 17 por ciento. Siguen, en ese orden, la corrupción en todas las instituciones del Estado, con un 16 por ciento; el tráfico de armas, con diez por ciento y el tráfico de hidrocarburos relacionado con narcotráfico, con nueve por ciento, según la investigación del OECO.
El estudio “Caracterización del crimen organizado” encontró una relación directa entre la pandemia por COVID-19 y el incremento de la violencia por disputas territoriales asociadas a la atomización criminal. “Las restricciones de movilidad por la pandemia afectaron sustancialmente las plazas de tráfico ilícito de drogas en el país. Las disputas territoriales y de poder de las organizaciones criminales se manifiestan en el control de las rutas y centros de acopio de drogas ilícitas, así como en el control territorial para el cometimiento de otros delitos graves como la extorsión, tráfico de combustible, tráfico de armas, entre otros”.
Las disputas se exteriorizaron, según estos hallazgos, “especialmente en las ciudades o fronteras marítimas, que representan espacios vivos que permiten la evolución de las organizaciones criminales, a través de una especialización de actividades del crimen organizado transnacional”. La investigación detecta a ciudades convertidas en “business center del crimen organizado”. El lavado de activos avanza. Este delito “se concentra en actividades económicas relacionadas a la construcción, compraventa de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras, y recientemente, centros de apuestas online”.
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MAPA TERRITORIAL
La pandemia y crisis sanitaria por COVID-19 incidió en el aumento del poderío de las organizaciones delictivas, explica Rivera. Hubo un antecedente: el crimen de JL, Jorge Luis Zambrano o “Rasquiña”, a fines de 2020, seis meses después de que recuperara su libertad. Eso dejó sin cabeza visible a Los Choneros, que actuaban en coordinación con el cartel mexicano de Sinaloa. “En 2021 se desata el caos, se separan grupos como Chone Killers, Lobos, Tiguerones, crean alianzas con el cartel Jalisco Nueva Generación”.
Según datos del Observatorio, el cierre de puertos marítimos durante la pandemia incidió que la droga se quedara almacenada (encaletada). “Sabemos que redes balcánicas (mafias de los Balcanes que incluyen a los albaneses) dieron parte de sus cargamentos para el mercado local, eso generó protagonismo en el microtráfico a los Chone Killers, especialmente”.
La disputa por control de territorio se tradujo en extorsiones y vacunas, para financiar el acceso a armas. En la cadena de valor del narcotráfico, el estudio detecta que las provincias han logrado niveles de especialización. Manabí y Santa Elena son base de organizaciones dedicadas al transporte pesquero y con aeronaves; hay 54 pistas clandestinas. Cada viaje de pesca artesanal con sustancias puede generar ganancias de 30 mil dólares. En El Oro, en cambio, los grupos se especializan en contaminar contenedores, especialmente con la técnica de doble fondo. Guayas es quizás la zona con mayor nivel de diversificación de actividades. Sucumbíos y Carchi tienen cultivos de hoja de coca y laboratorios. Manta aparece como un centro emergente de lavado de activos.
Todo conduce a la violencia. La mayor expresión es la tasa de homicidios intencionales. La población más afectada se encuentra entre 25 y 29 años, que constituye la quinta parte del total de crímenes en la primera mitad de 2023. El boletín especializado del mismo centro de estudios y análisis muestra que los crímenes de jóvenes entre 15 y 19 años, si bien es cierto representan casi el siete por ciento de homicidios en el país, tienen una tendencia incremental. Subieron casi en 80 por ciento respecto del primer semestre de 2022. Además, crecieron en 500 por ciento, comparados con el primer semestre de 2019.
El fenómeno, explica el estudio, se relaciona con el aumento en el uso de armas de fuego. Hay indicios que vinculan “el avance de los grupos delictivos y el reclutamiento de menores de edad”. Las provincias más afectadas por este fenómeno, según estos datos, son Guayas (129 homicidios); Los Ríos (28); El Oro (20); Esmeraldas (19) y Manabí (17).
Todo esto tiene relación directa con las cárceles. Hay 37 centros de privación de libertad y 11 de adolescentes, con más de 31 mil personas. El 28 por ciento fue detenido por drogas, según el informe “Evaluación situacional del narcotráfico”, de la Policía.
En ciertos pabellones, especialmente en la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) el tráfico de sustancias generaba ganancias de 70 mil dólares por semana, en lugares que reunen a más de mil privados de libertad. Desde las cárceles, “líderes de pabellones dirigen y coordinan actividades ilícitas en el exterior e interior de las cárceles para obtener réditos económicos que financien su accionar delictivo”. Esta es otra arista del problema.
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