"Esta donación es parte del compromiso de los Estados Unidos para reforzar la seguridad del Ecuador", indicó la Embajada de la nación norteamericana, en una publicación redes sociales que incluyó fotos del acto de entrega.
En las imágenes aparecen los funcionarios estadounidenses en compañía de miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Alrededor de ellos se observan múltiples camiones, montacargas y otros equipos de tecnología.
"Fortalecer la labor de las instituciones policiales, militares y la preparación ante desastres naturales en el Ecuador" es el objetivo de la donación, precisó la embajada de Estados Unidos a través de X, en el marco del estado de conflicto armado interno en el país, declarado por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero, en contra del crimen organizado
Esta semana, Estados Unidos también facilitó la entrega a la Policía Nacional de más de 20 mil chalecos antibalas, ambulancias, radios de largo alcance y vehículos de apoyo logístico de defensa. El acto, al que asistió el presidente Noboa, se llevó a cabo en Quito, capital del país.
Ambos eventos se llevaron a cabo después de que el mandatario ecuatoriano y varios de sus ministros se reunieron en el Palacio de Carondelet con una comitiva encabezada por el asesor presidencial de EE.UU. para las Américas, Christopher Dodd, de la que también formó parte Richardson.
El encuentro se desarrolló a puerta cerrada y al terminar solo dio declaraciones a los periodistas la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, quien aseguró que esta visita "también es una confirmación al fortalecimiento y la cooperación bilateral".
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Las fuerzas de seguridad de Ecuador han detenido a 3.387 personas, 237 de ellas bajo cargos de terrorismo, en aproximadamente dos semanas de la declaratoria del conflicto armado interno para combatir la escalada de violencia provocada por grupos de crimen organizado en el país, principalmente en la provincia del Guayas.
Al declarar el "conflicto armado interno", el Gobierno identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado trasnacional y los ubicó "como organizaciones terroristas" y "actores no estatales beligerantes".
Tras ello, los denominó como objetivos de las Fuerzas Armadas, que han colaborado junto a la Policía en decenas de operaciones desde el 9 de enero, en el marco también de una estado de excepción dispuesto un día antes del inicio de la "guerra interna".