Dos generales señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Gabela
El informe final sobre la muerte del general Jorge Gabela salió a la luz este martes, 11 de julio del 2023.
En su parte medular, el documento final concluye que “existen suficientes indicios para ubicar” al general Rodrigo B. y al general Alfonso E. “con motivaciones personales y económicas claras que permiten vincularlos directamente con el móvil como posibles autores intelectuales del crimen del General Jorge Gabela”.
Para esto, Meza dijo que la investigación consta con abundante información que permite vincular las motivaciones de cada uno con la necesidad de que Gabela dejara de denunciar las irregularidades en el caso Dhruv.
Un hecho sorprendente es que uno de los autores materiales del crimen, quien tenía dos identidades y se lo habría dado por muerto, estaría vivo. Él habría dicho que un general de la FAE lo contrato para asesinar a Gabela. Este sujeto apareció como sufragante en las elecciones anteriores.
Entre las conclusiones, también se señala que el entonces presidente Rafael Correa, los ministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, y los miembros de la FAE, “conocían la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv".
De hecho, Meza resaltó que Gabela se reunió con Rafael Correa el 1 de abril de 2008 para informarle del caso Drhuv y ocho días más tarde el general renunció.
Arturo Moscoso, quien presidió la comisión encargada de la reconstrucción del tercer producto del caso Gabela, dijo que este informe será entregado a la Fiscalía para que esa entidad investigue y verifique si las conclusiones son válidas. Esta entidad tendría la facultad de procesar a los implicados
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13 AÑOS DE LUCHA
Entre 2007 y 2008, el general Jorge Gabela cuestionó la compra de siete helicópteros Dhruv, fabricados por una empresa de la India. Llevó su crítica hacia el Gobierno. Salió de la Fuerza Aérea, donde había sido comandante general. Las naves fueron adquiridas en 2009, por un valor que superó los 47 millones de dólares. En octubre de ese mismo año se accidentó la primera. Hasta 2015, serían cuatro las naves accidentadas.
A consecuencia de esto, en febrero de 2010, la comisión de Fiscalización del Legislativo investigó posibles irregularidades en esa adquisición. El general Gabela recibió amenazas en público, y denunció persecución en su contra. Diez meses después fue asesinado.
Ante la denuncia de que la muerte tuvo relación con sus denuncias, en octubre de 2012, el gobierno de Rafael Correa creó un comité interinstitucional, para investigar los hechos. Ese comité contrató los servicios periciales del argentino Roberto Meza.
El perito debía entregar: un plan de trabajo (producto uno) y una descripción de los hechos con una primera conclusión (producto dos). Únicamente si la tesis del delito común quedaba descartada, el perito debía realizar y entregar el producto tres, que debería exponer la hipótesis de la muerte ordenada, y los nombres de los autores intelectuales del crimen.
Meza sí entregó el tercer producto, inclusive, recibió el pago por él. No obstante, en febrero de 2015, el entonces presidente Correa insistió en la tesis del delito común. Meses después, la viuda del general, Patricia Ochoa, recibió el informe final de la comisión: su conclusión insistía en la tesis del delito común. En la documentación entregada a la viuda, quedaron por error fojas que hablaban del tercer producto, es decir, el que había abordado la posibilidad de un crimen planificado, relacionado con las denuncias que había hecho su esposo.
En 2018, una comisión legislativa especial, independiente, concluyó que hubo un probable crimen de Estado. Detectó que luego del crimen, hubo una intención deliberada de encubrir los hechos. Los documentos que elaboró el perito fueron forjados y alterados.
El perito Meza acudió al país para explicar que no podía revelar el contenido del tercer producto, sin violar cláusulas de confidencialidad, y aclaró que al entregar el material todo sustento documental le fue retirado.
Finalmente, a inicios de 2023, un dictamen de la Corte Constitucional obligó al Estado a reconstruir el tercer producto. Se creó una comisión especial para el efecto, que contrató al perito Meza.
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