Directora del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, implicada en red de corrupción: llamada a juicio por asociación ilícita
Llaman a juicio a siete personas por asociación ilícita, incluida la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi.
Siete personas, entre ellas la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, han sido llamadas a juicio por su presunta participación en el delito de asociación ilícita. En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó más de doscientos veinte elementos de convicción relacionados a la comisión del delito.
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Acusados
Según la investigación, se habría evidenciado la participación de un servidor de Fiscalía, funcionarios del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi y personas particulares, en una red de corrupción dedicada a realizar tráfico de influencias en procesos judiciales y en la contratación de personal para la función judicial de Cotopaxi, a fin de obtener un beneficio económico y favorecer para terceros.
Los funcionarios del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi involucrados incluyen a Patricia V., directora a la fecha de los hechos; Liliana M. y Washington S., exfuncionarios judiciales de la provincia. Fanny C., amiga de la directora y supuesta intermediaria, también figura entre los acusados.
Además, se involucra al abogado y primo de Patricia V., Cristian V., y a Klever Y., exfuncionario de la Fiscalía de Cotopaxi, quien renunció tras ser procesado en esta causa. Marcelo G., funcionario judicial del área de talento humano, también ha sido llamado a juicio.
El 14 de noviembre de 2023, cinco de los encausados fueron detenidos durante el operativo “Lex”, en el que se realizaron treinta y un allanamientos en diversas propiedades de las provincias de Pichincha y Cotopaxi.
Entre los lugares intervenidos se encuentran la Fiscalía de Pujilí y el Complejo Judicial de Cotopaxi, donde se hallaron evidencias como dinero en efectivo, celulares, laptops, dispositivos de almacenamiento electrónico y armas de fuego.
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Desarrollo del Caso
El caso tomó impulso cuando, el 15 de noviembre de 2023, el fiscal del caso formuló cargos contra cinco personas por presunto tráfico de influencias. Con nuevos elementos, la Fiscalía reformuló los cargos por asociación ilícita para tráfico de influencias el 23 de febrero de 2024. Desde el 4 de marzo de 2024, Marcelo G., Liliana M., y Cristian V. están vinculados al caso.
La investigación de este expediente comenzó el 22 de febrero de 2023, tras una denuncia presentada en la Dirección de Transparencia en la Gestión de la Fiscalía General del Estado. El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal y conlleva una pena privativa de libertad de entre tres y cinco años.
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