Contraloría halla indicios penales en contratos del Hospital de Durán: ¿Qué anomalías fueron detectadas?
El organismo de control identificó posibles delitos contra la administración pública, por la compra de insumos y medicamentos.
El organismo de control identificó posibles delitos contra la administración pública, por la compra de insumos y medicamentos a proveedores que presentaron certificados no auténticos de experiencia y de distribuidores, lo que no garantizó la calidad de los productos destinados a las áreas de atención de salud de los afiliados.
Tras la revisión de 44 contratos suscritos por la casa de salud, entre 2018 y 2020, cuyos montos ascienden a $ 9’650.536, como resultado se establecieron indicios penales en 10 procesos para la adquisición de insumos médicos.
Según la CGE, las comisiones que evaluaron las ofertas no verificaron que la documentación entregada por los oferentes esté debidamente acreditada, lo que ocasionó que se adjudiquen contratos a proveedores que presentaron certificados de experiencia y de distribuidor autorizado, cuya veracidad no pudo comprobarse.
Para la compra de 5.400 protectores absorbentes, se elaboró un presupuesto referencial, utilizando proformas en las que se tomó el nombre de establecimientos que, durante el examen de auditoría, certificaron no haberlos emitido. Como resultado, el precio en el que el hospital basó la adquisición no estuvo debidamente respaldado.
La acción de control también señaló que los responsables de los procesos no solicitaron permisos de funcionamiento a los proveedores.
Además, los dispositivos médicos entregados por los contratistas no cumplieron las características técnicas requeridas, lo que no garantizó la calidad de los productos.
Los IRP se desprenden del examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución; su liquidación y pago, para la adquisición de bienes, servicios, consultorías, medicamentos, insumos y equipos médicos, por el período de enero de 2017 a agosto de 2022.
Los informes ya fueron remitidos a la Fiscalía para el trámite correspondiente.
