Cinco personas fueron condenadas por el delito de captación ilegal de dinero a través de la empresa ambateña Kapital Release Club o KRC (no autorizada por la Superintendencia de Bancos).
Con base en las pruebas presentadas por Fiscalía –y por unanimidad– un Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua declaró culpables a Daysi Elizabeth V. M., Hólguer Hernán M. Ch., Jhony Alessandro M. M. y Rosario Inés M. L., como autores y coautores del delito y los sentenció a cinco años de pena privativa de la libertad.
Los magistrados también dispusieron el pago de una multa de 4.500 dólares a cada uno y la devolución del dinero a los perjudicados.
En los ocho días de audiencia de juicio, el fiscal Jorge Basantes presentó varias pruebas –distribuida en 115 cuerpos–, entre las que se incluyen: los testimonios de las víctimas que afirmaron haber entregado altas sumas de dinero a los ya sentenciados, luego de que les prometieran que les pagarían una tasa de interés del 3% diario; la certificación de Asobanca, que demostró que no hay disposición alguna en torno a la tenencia o circulación de criptomonedas; la certificación de la Superintendencia de Bancos, que estableció que la entidad (KRC) no estaba autorizada para captar dinero; el certificado de la Bolsa de Valores, que indicó que la persona jurídica KRC no estaba inscrita en la entidad y que no constaba en sus registros operativos.
Se agregaron también, el informe individual de la Unidad de Análisis Financieros y Económico (UAFE), informes bancarios y del Servicio de Rentas Internas (SRI), que determinó que los procesados incrementaron sus recursos económicos y patrimoniales en menos de un año y que realizaban transacciones bancarias que sobrepasaban los 35.000 dólares, sin que estas hayan podido ser justificadas; entre otras pruebas.
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Los procesados fueron detenidos en allanamientos simultáneos, ejecutados el 7 de julio de 2021 por Fiscalía y Policía Nacional en varios sectores del centro de Ambato.
Al momento de su aprehensión tenían alrededor de 200.000 dólares en su poder, además de máquinas contadoras de dinero, un camión, una motocicleta, terminales móviles, documentación de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captación, entre otras evidencias.
Con varias promesas falsas de “salir de la pobreza de la noche a la mañana”, los sentenciados captaban a sus víctimas por medio de redes sociales, muchos de ellos pedían préstamos en entidades bancarias para invertirlos en KRC.
El 10 de julio de 2021, el dinero incautado fue depositado en las arcas del Estado y el pasado 15 de diciembre, 7 procesados ya fueron sentenciados por esta causa mediante procedimiento abreviado.
La captación ilegal de dinero está tipificada como delito en el artículo 323, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y es sancionado con una pena de cinco a siete años.