Comité de Ética recibe testimonios en contra de Guadalupe Llori por supuesta gestión de cargos públicos
COMITÉ DE ÉTICA INICIÓ LA PRÁCTICA DE PRUEBAS PARA SUSTANCIAR DENUNCIA CONTRA GUADALUPE LLORI
Este lunes 13 de febrero se realizó la primera audiencia para la práctica de pruebas de cargo y de descargo en la sustanciación de la denuncia presentada por el asambleísta Bruno Segovia (Pachakutik) en contra de la legisladora militante de su mismo partido, Guadalupe Llori, por una supuesta gestión de cargos públicos.
A la audiencia del Comité de Ética, en la Asamblea Nacional, estuvieron convocados 14 testigos, de los cuales se presentaron José Angulo, Ulbio Zevallos, José Freile, Hernán Arellano, Luz Ortega, Hernán Quiñónez y César Bosmediano.
Los comparecientes respondieron las inquietudes de Segovia, quien les preguntó si tenían conocimiento de la gestión de cargos públicos ejercida por la expresidenta del Legislativo, si conocen a las personas que resultaron beneficiadas por esa gestión y si existe una relación política de los involucrados, entre otros cuestionamientos.
Los comparecientes señalaron que sí conocen a Llori y a las personas beneficiadas que se menciona en la denuncia. Dijeron también tener conocimiento de las influencias de la legisladora en el Gobierno Nacional para que se otorguen cargos públicos, tanto en la Prefectura de Orellana, Consejo Provincial de Orellana, Ministerio de Agricultura y Ganadería, y otras entidades públicas.
José Angulo denunció que junto a su familia ha sido víctima de persecución y acoso por redes sociales, por presentar denuncias ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y la Fiscalía por tráfico de influencias ejercido por la denunciada. Indicó, además, que “desde la Gobernación de Orellana, hasta el último teniente político, jefaturas políticas y comisarías son de Pachakutik y de Guadalupe Llori”.
Hernán Arellano confirmó haber denunciado ante la Fiscalía a la legisladora por tráfico de influencias. Relató que cuando fue nombrado Jefe Distrital de Obras Públicas, en Orellana, la gobernadora de la provincia, Esperanza Bustamante y el presidente de Pachakutik, Rodrigo Román, le pidieron que se alineara a Pachakutik, pero “yo no quise por ser de Creo y enseguida me removieron y pusieron a otra persona en mi cargo; esto fue por influencia de la señora Llori”, señaló.
Luz Ortega, Hernán Quiñónez y César Bosmediano indicaron que hasta el momento todo cargo público en Orellana está influenciado por Guadalupe Llori y su tienda política. Dijeron que, a pesar de ser del mismo partido político que el presidente Lasso, "su gente se siente traicionada, ya que ha entregado las instituciones públicas a la expresidenta de la Asamblea, dejándolos sin trabajo a los compañeros de la organización".
En respuesta, el defensor de la acusada, Julio César Sarango, consultó a los comparecientes si conocían a la autoridad que había nominado los cargos públicos. Sarango obtuvo, en su mayoría, respuestas negativas. Frente a esto, argumentó que los testigos mantienen una animadversión en contra de su defendida, por lo que sus testimonios no deben ser considerados por el comité. Solicitó que se anule la comparecencia de uno de los testigos, Tomás Zevallos, por no gozar de derechos civiles, ya que se encuentra en un proceso judicial que le inhabilita.
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