El amedrentamiento iba dirigido hacia Jeannine Cruz, presidenta de la institución e integrante de la comisión que reconstruirá el informe sobre el asesinato del general Jorge Gabela.
“El próximo detalle será en tu funeral. Buen día”, decía la carta insertada en el ramo, que fue dejado por un desconocido la tarde del viernes, 19 de mayo del 2023.
La Policía llegó al Consejo de Comunicación para recabar indicios, mientras que la funcionaria puso la denuncia ante Fiscalía por amenaza de muerte.
Cruz calificó este hecho como un “burdo ataque y amenaza” a través de su cuenta de Twitter. “A los cobardes muy lejos de amedrentarme a mí o a la Comisión, nos comprometen a buscar la verdad en este crimen que enlutó al país, con el asesinato del Gral. Gabela. No nos van a callar”, escribió.
En marzo, el Gobierno de Lasso creó una comisión que apoyará el estudio del perito Roberto Meza, que indagó sobre la muerte del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
El fallecimiento ocurrió en el 2010, durante el Gobierno de Rafael Correa, y la esposa de la víctima considera que se trató de una "ejecución extrajudicial".
La formación de la comisión era una orden de la Corte Constitucional que obligó al Estado a que apoye la reelaboración del tercer cuerpo de una investigación que desapareció y que se considera fundamental en el proceso.
En principio, se decía que Gabela había sido asesinado por delincuentes, aunque el informe desaparecido del perito Meza advertía de sospechas sobre móviles relacionados con denuncias sobre irregularidades en la compra de helicópteros militares durante el Gobierno de Correa.
La Comisión está integrada por Jeannine Cruz, Arturo Moscoso y Juan Sebastián Palacios, quienes coordinarán con el perito Meza para la entrega de un nuevo ejemplar del "Tercer Producto Pericial" referente a este caso.
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El viernes pasado se suspendió la audiencia preparatoria de juicio por el caso Dhruv, en la que se iba a decidir si se llamaba a juicio a 18 acusados del delito de supuesto peculado. La Fiscal General, Diana Salazar, no llegó a la sala de la Corte Nacional de Justicia por cuestiones médicas.
Aún no se define una nueva fecha para retomar la audiencia.
El presunto delito de peculado causó un perjuicio de 66.4 millones de dólares al Estado, según ha mencionado la Fiscalía. En el caso están involucrados exministros del Gobierno de Rafael Correa.