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Colectivos trans reclaman derechos en marcha nacional

jueves, 19 noviembre 2020 - 04:36
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Por el Día de la Memoria Trans, que se conmemora el 20 de noviembre, colectivos trans participarán en una primera marcha nacional para exigir el cumplimiento de derechos y reparaciones al Estado.

Garantías para el acceso a derechos como la salud, trabajo y educación, son algunas de las peticiones de los colectivos, que se han organizado para participar en marchas simultáneas en ciudades como Guayaquil, Quito, Machala, Ambato, Riobamba y Loja.

Pese a que la Constitución contempla la identidad de género como una categoría protegida contra la discriminación, la población trans sufre de vulneraciones en el acceso a sus derechos.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población LGBTIQ, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 58% de la población trans ha sido discriminada en el campo educativo y 61% en el ámbito de salud.

Además, 80% se dedica a labores como venta en comercios o mercados, servicios de estética, trabajo doméstico y trabajo sexual, por la falta de oportunidades en el campo laboral.

En medio de la discriminación, las personas trans también sufren violencia. A inicios de noviembre, Andrea Vega, de Babahoyo, denunció que fue drogada por individuos que le raparon el cabello y la abandonaron en un cementerio. La misma semana, Cristina Rodríguez fue asesinada con cuatro puñaladas en Quito.

Según el informe Violencia contra Personas LGBTI en América de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la expectativa de vida de las personas trans en la región es de 35 años.

Tanto en Guayaquil como en Quito, las marchas llegarán hasta las dependencias de la Fiscalía para entregar documentos con las exigencias, entre ellas un debido acceso a la justicia y que los casos de asesinatos a personas trans sean resueltos.

 

 

Odalys Cayambe, directora de Red Comunitaria Trans del Ecuador, explica que los asesinatos a mujeres trans deben ser calificados como delitos de odio, pues la motivación de los agresores es la transfobia.

Además, señala que los derechos que son vulnerados están contemplados en la Constitución y en las leyes; en consecuencia, el Estado debe reconocerlos. Con la pandemia de Covid19, agrega, la vulneración a esos derechos se visibilizó más aún.

En Guayaquil, la marcha saldrá desde el Parque Centenario a las 14:00. Cayambe señala también que los pedidos serán enviados a la Asamblea.

Mientras, los colectivos de Quito se concentrarán en la Plaza Foch y marcharán también hasta la Fiscalía. Entre ellos, PachaQueer, Plataforma Transfeminista Kaypi Chaypi, Nueva Coccinelle y Amor y Fortaleza.

MoTa Paucar y CoCa Rodríguez, activistas transgénero y fundadoras de PachaQueer, explican que es necesaria una marcha trans porque en el conglomerado LGBTI la población trans es el colectivo más marginado.

Paucar indica que la marcha también es para pedir justicia por las personas asesinadas y desparecidas en la época de los 80 y 90, años en que el entonces Código Penal sancionaba con prisión la homosexualidad y hubo represión de la policía contra homosexuales y mujeres trans.

Además, agrega Rodríguez, porque exigimos derechos, garantías y libertades para nuestra comunidad.

Los colectivos de Quito también entregarán posteriormente el documento con los pedidos a dependencias del Estado.

Lea también: Automedicación, atención no calificada o clandestina, los riesgos de la transición en la población trans porque no cuenta con acceso a la salud

Los pedidos

Entre las demandas de los colectivos trans durante la marcha del 20 de noviembre, se encuentran garantías en la educación para la niñez trans, pues hay denuncias de establecimientos que no respetan la identidad de género.

Además, un acceso integral a la salud, que incluya la hormonización e intervenciones necesarias para la transición, como ocurre en Argentina y Uruguay. La Organización Panamericana de la Salud recomienda a los Estados que la transición de personas transgénero se desarrolle bajo vigilancia médica.

Otro de los pedidos es un cupo laboral trans para garantizar acceso al trabajo. Este año, Argentina dispuso que el sector público cumpla con ese cupo.

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