Cerca de 40 viviendas sin escrituras en La Mena 2 de Quito: moradores luchan desde hace 13 años por sus títulos
Unas 40 familias siguen sin escrituras de sus casas luego de 13 años.
Hace 13 años cerca de 40 familias, que vivían en zonas de riesgo de la periferia de Quito, fueron ubicadas en el proyecto habitacional La Mena 2. Esto como una iniciativa del Municipio y el Gobierno correísta de la época por la temporada invernal. Sin embargo, los propietarios aún no cuentan con las escrituras, lo que les ha ocasionado diversos problemas.
Todo empezó en noviembre del 2010, cuando el Concejo Metropolitano de Quito, liderado en ese entonces por Augusto Barrera, emitió una ordenanza para la relocalización de familias damnificadas y en alto riesgo no mitigable. La idea era que los ciudadanos que habitaban en áreas con afectaciones geológicas o climáticas sean trasladados a otro lugar más seguro, puesto que su vida corría peligro.
Es así que, en mayo del 2011, se estableció una lista de 360 familias que iban a ser reubicadas, pero al final el cabildo integró a 44 beneficiarios más, es decir, fueron 404 familias. La iniciativa contó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), con quien se firmó convenios para la transferencia de fondos.
Los departamentos, que costaron unos 17 mil dólares, se financiaron con tres componentes: bono de vulnerabilidad (dado por el Municipio), bono de reasentamiento (otorgado por el MIDUVI) y el resto lo completaba cada propietario, que pagó alrededor de 3.800 dólares.
El problema es que a las 44 familias hasta la fecha no les han dado sus escrituras porque no cuentan con el bono de reasentamiento y los inmuebles siguen a nombre de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV), encargada de la construcción.
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CONSECUENCIAS
Cuando empezó el proceso de relocalización, Lucía Rosales vivía cerca de una cantera en Santo Rosa de Chillogallo. Recuerda que un día llegaron representantes del Municipio y le comunicaron que debía salir de su casa porque estaba en una zona de riesgo. A cambio le ofrecieron otro inmueble en La Mena 2.
Ella aceptó sin imaginar que no se terminaría de concretar la promesa de las autoridades. “Al dejar nuestras viviendas, perdimos la posibilidad de contar con un lugar más grande, cómodo y amplio para incluso tener una mascota”, comentó la moradora.
Agrega que en estos más de 10 años ha pensado en solicitar un préstamo o vender la actual casa y mudarse a otro sitio, pero no puede hacerlo porque su departamento sigue a nombre del cabildo.
“Es como si aún tuviéramos una deuda”, afirma Rosales, quien recalca que los perjudicados ya pagaron su parte del convenio, pero el MIDUVI y el Municipio “se lanzan la pelotita” y no concretan el proceso de escrituración.
Por su parte, María Mosquera, de 74 años, resalta que todos los arreglos de su casa los ha hecho junto a su esposo e incluso está al día en el pago de impuestos, que se hace a nombre de la empresa pública, “pero no hay esperanza de que nos den los papeles”.
Además, le preocupa lo que podría pasar en caso de que su cónyuge fallezca, ya que el título de poseedor del departamento está a nombre de él. “Mi esposo está bastante delicado de salud y si él muere entonces tendré que salir a la calle. Cualquiera tiene el deseo de contar con algo propio y dejarlo a sus hijos”.
La misma angustia tiene Blanca Chiluisa, de 59 años, quien fue desalojada de su casa en la Forestal Alta. Para pagar el inmueble de la relocalización, tuvo que hacer un préstamo con el chulco (sistema económico informal). Debía cancelar 3.800 dólares, pero terminó desembolsando 7.000 dólares por los altos intereses de los sistemas financieros irregulares.
“Si no pagaba, no me entregan la vivienda, por eso tuve que recurrir al chulco”, manifiesta la comerciante ambulante, quien hubiese preferido no salir de su terreno en la Forestal Alta. “Vivíamos humildemente, pero teníamos la tranquilidad de que la casa era propia”.
La intranquilidad de los moradores de La Mena 2 también viene por el hecho de que no pueden acceder a beneficios como la rebaja de impuestos prediales por ser de la tercera edad porque no cuentan con las escrituras.
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MÁS LARGAS EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Luego de buscar en reiteradas ocasiones la ayuda del cabildo y MIDUVI, los vecinos recurrieron a la Defensoría del Pueblo para que se ejecuten acciones judiciales que les permitan obtener el bono faltante.
Luis Achig, uno de los perjudicados de La Mena 2, interpuso la demanda en diciembre del 2018, pero cuestiona el papel de la Defensoría porque el caso no se ha solucionado, pese a que ya han pasado seis años.
“La Defensoría hizo varias audiencias con el Municipio y el Gobierno, pero nada”, asegura Achig. Agrega que se interpuso una medida cautelar, pero fue negada. Luego, la persona encargada del caso comunicó que iba a presentar otra demanda para una acción de protección, sin embargo, hasta la fecha no se ha solicitado.
Lucia Achig, abogada e hija de Luis, también ha estado presionando para que la Defensoría interponga una nueva demanda. Ella relata que no se han planteado iniciar un proceso particular o esperar a la prescripción, que se podría aplicar luego de 15 años, por los escasos recursos de los perjudicados.
“No es lo mismo tener un abogado particular, que un abogado público. Si a ellos no les hacen caso, peor a nosotros, y es hacerles gastar en vano a los vecinos y costoso”.
Por su parte, Rodrigo Varela, quien lleva actualmente el caso en la Defensoría del Pueblo, comenta que el constante cambio de autoridades en el Municipio y Gobierno desde el 2018 ha afectado el avance del proceso.
Sin embargo, adelantó que este viernes 19 de julio del 2024 se llevará a cabo una reunión con las partes implicadas y luego se tomará una nueva decisión en la estrategia jurídica. “No descartamos la interposición de garantías jurisdiccionales, una acción de protección, en el caso de que amerite y no exista voluntad por parte de las autoridades para garantizar los derechos”.
Varela agrega que por parte del Municipio se ha manifestado la intención de que el caso se solucione, pero “vemos que hay una imposibilidad desde el Ministerio de Vivienda para que estos recursos puedan ejecutarse”.
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¿ATADOS DE MANOS?
La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV) emitió un comunicado a Vistazo en el que detalla que, actualmente, son 37 las personas que viven en La Mena 2 y no cuentan con las escrituras; puesto que de las 44 iniciales, un ciudadano desistió del plan de relocalización, otro falleció y cinco quedaron excluidos por no cancelar la diferencia de la vivienda.
Además, explicó que este grupo de quiteños solo cuenta con el bono de vulnerabilidad y falta que se emita el bono de reasentamiento del MIDUVI. Por ello, “no puede iniciar el proceso de escrituración”.
La EPMHV indicó que la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos en el 2013, envió varias comunicaciones al MIDUVI para el otorgamiento de aquel beneficio, y se han efectuado mesas de trabajo para solucionar el tema, pero “la empresa se encuentra impedida de escriturar hasta que no cuente con los recursos del bono que otorga el MIDUVI”.
No obstante, resaltó que el 15 de abril de 2024, la empresa pública envió un nuevo oficio al Gobierno para la liquidación de los convenios de cooperación interinstitucional, en el cual, se planteó dos alternativas.
-Liquidar los convenios y celebrar uno nuevo, en el cual, el remanente de los subsidios no asignados en otro convenio similar al de La Mena 2 sean destinados para las 37 familias que quedaron fuera.
-En la liquidación de los convenios se incluyan a las 37 familias que no cuentan con subsidio en lugar de aquellos beneficiarios que desistieron o no fueron localizados para perfeccionar el proceso de relocalización.
Finalmente, EPMHV dijo que el alcalde Pabel Muñoz está al tanto de la situación y ha solicitado un diálogo con el Gobierno Central. Vistazo también buscó una entrevista con el MIDUVI, pero hasta el cierre de esta nota no ha obtenido una respuesta.
Robbie Markus, investigador en la FLACSO, quien hizo una investigación sobre el Plan de Relocalización en Quito, comenta que un factor clave de este problema es la falta de políticas públicas sostenibles, independientemente, del cambio de autoridades municipales y gubernamentales.
"El programa comenzó cuando Augusto Barrera era alcalde y Rafael Correa presidente, pero tras cambios en la Alcaldía y la Presidencia, donde no hubo alineación política, surgieron problemas para resolver asuntos como los bonos pendientes en La Mena 2", aseguró Markus.
Agrega que le preocupa la posibilidad de que cierren los convenios y surjan dificultades para firmar un nuevo, "ya que tenemos bonos pendientes desde hace 13 años debido a la idea de que podría firmarse un convenio más adelante".
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