En el marco del caso Purga, que investiga una presunta red de delincuencia organizada, Mayra Salazar, en su testimonio anticipado, reveló detalles comprometedores sobre una lujosa boda en Colombia. El matrimonio, celebrado el 3 de junio de 2023 en Cartagena, fue de la hija del exasambleísta Pablo Muentes.
Salazar afirmó que al evento asistieron miembros del círculo judicial de Muentes, incluidos Fabiola Gallardo y Johann Marfetán, expresidenta y exjuez de la Corte de Justicia del Guayas, respectivamente.
Según su testimonio, ella misma compró los pasajes para ambos jueces. Este hecho contradice las declaraciones del juez Marfetán, quien había negado conocer a Muentes.
También reveló que entre los 200 asistentes a la boda, estuvo presente Tatiana Villafuerte, a quien la señaló como pareja sentimental de Gallardo y ex asesora de Muentes; ayer fue vinculada al Caso Purga.
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En respuesta a estas revelaciones, la Fiscalía ha solicitado asistencia penal a Colombia para obtener información detallada sobre la boda. Uno de los principales requerimientos es la lista de huéspedes del Sofitel Barú Resort, lugar donde se celebró el evento, según informó Ecuavisa.
Adicionalmente, la Policía presentó un informe que incluye sitios de internet que alojaban las fotos de la boda, así como la página web de la planificadora del evento y cuentas de Instagram. Aunque los enlaces fueron eliminados, los agentes lograron respaldar la información y la tienen guardada en un disco.
La Fiscalía también solicitó los movimientos migratorios de los procesados y de los hijos de Pablo Muentes. La información obtenida confirma que todos viajaron a Cartagena para la boda el 3 de junio de 2023.
Según la Fiscalía, los involucrados formarían parte de una estructura delictiva con una jerarquía y colaboradores que operaban en diversas esferas, perpetrando actos ilícitos de manera reiterada para corromper el sistema de justicia en la provincia de Guayas.
Ayer, se vinculó a trece personas más–entre ellas el expresidente de la Corte Provincial de Guayas, Hugo Manuel G., y el juez José Daniel P.– a la causa que se sigue por delincuencia organizada, en la que ya eran procesados otros doce involucrados.
Este caso sigue desarrollándose, con nuevas evidencias que podrían profundizar la comprensión de la supuesta red de corrupción judicial. Con la nueva vinculación, el plazo de la instrucción fiscal aumenta treinta días más.