Caso Isspol: 10 exfuncionarios públicos y privados son llamados a juicio por peculado
Dentro del caso por peculado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Dentro del caso por peculado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), la jueza Irene Pérez acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y llamó a juicio a 10 procesados, entre exfuncionarios públicos y privados.
Los implicados que ocuparon altos cargos de dirección –tanto en Isspol como en empresas de inversiones y casas de valores–, habrían causado un perjuicio económico de más de 188 millones de dólares a la seguridad social de la Policía ecuatoriana; así lo determina el dictamen acusatorio, por el que fueron llamados a juicio:
Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, exdirectores del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional;
Alfredo Daniel Valverde, exdirector de inversiones;
Santiago Patricio Duarte, exasesor jurídico;
Rafael Nuques, exdirector económico financiero;
John Luzuriaga., exdirector de riesgos;
Jorge Chérrez, "El Mago", representante de la empresa Ibcorp Investment; en calidad de presuntos autores directos de peculado.
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Mientras que Luis Álvarez Villamar, gerente general de operaciones de Decevale; Carlos Carbo Cox, gerente general de Decevale; y Luis Oswaldo Domínguez, representante legal de Ventura casa de Valores –suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi S. A.–; fueron llamados a juicio como coautores de la infracción.
Todos habrían participado en el proceso por un pacto de recompra de Bonos Global 2024 entre directivos del Isspol y las empresas IBcorp Investments y Capital Ventura.
Además, la jueza ratificó las medidas cautelares para todos los procesados.
Por esta causa se encuentran prófugos de la justicia el exdirector de riesgos de Isspol, John Luzuriaga.; Luis Oswaldo Domínguez, representante legal de Ventura casa de Valores; Luis Álvarez Villamar, gerente general de operaciones de Decevale; y Jorge Chérrez, representante de la empresa Ibcorp Investment; para quienes la Jueza ratificó la medida de prisión preventiva y de quienes se conoce que no se encuentran en el país.
También, la magistrada dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas, fondos y bienes hasta por 188 millones de dólares, valor al que asciende el monto del presunto peculado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.
El pasado 21 de julio, previo a la suspensión de la audiencia, el fiscal de la Unidad de Administración Pública sustentó su dictamen acusatorio en más de cincuenta elementos de convicción.
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