La Fiscalía General del Estado (FGE) pidió que se dicte prisión preventiva por obstrucción de la justicia contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien ya cumple esa medida por su presunta implicación en delincuencia organizada dentro del caso Metástasis.
En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló, este miércoles 27 de diciembre, la audiencia de formulación de cargos del proceso denominado "Independencia Judicial", con la presencia del fiscal general (s) Wilson Toainga.
En su intervención el fiscal solicito al juez la medida de prisión contra Terán y para el vocal Xavier Muñoz.
Mientras que para los otros cinco procesados, entre los que consta la exvocal Maribel Barreno, se ha pedido la prohibición de salida del país, presentación periódica y uso del dispositivo electrónico.
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La investigación de Fiscalía inició luego de que los procesados aprobaran la destitución del juez nacional, Walter Macías.
El 19 de agosto pasado, la Judicatura lo destituyó en un proceso cuestionado por fallas de fondo. Solo dos votos fueron suficientes para destituir al magistrado, cuando la norma dice que deben ser tres votos. Además, uno de los vocales habría estado bajo efectos del alcohol y fuera del país.
Al momento, contra Barreno hay una boleta de localización y captura, por su implicación en el "Caso Vocales" acerca de un presunto tráfico de influencias.
En el caso de Muñoz, quien mantiene su cargo de vocal en el Consejo de la Judicatura, también hay una investigación por presunto lavado de activos.
Mientras que, Wilman Terán renunció a la presidencia de la Judicatura después de que se le ordenara prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito tras ser vinculado en el caso Metástasis.
Entre la noche del miércoles 13 y la mañana del jueves 14 de diciembre, treinta y un personas fueron detenidas, entre jueces, fiscales, policías, funcionarios judiciales, un general de Policía en servicio pasivo y el entonces presidente del Consejo de la Judicatura quien –a la fecha de los hechos– se desempeñaba como Juez de la Corte Nacional de Justicia.
Todos ellos habrían formado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir a la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas.
Esta investigación se inició tras la muerte de Leandro Norero Tigua, quien fue asesinado en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en octubre de 2022.
Las diligencias para determinar las causas de su muerte llevaron a Fiscalía y Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron chats que daban cuenta de las relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores.