Buceando en el inframundo amazónico: grupos criminales operan sin el control estatal
Los grupos criminales extienden sus tentáculos en la Amazonía.
El adjetivo lo dice todo. Las zonas fronterizas de la Amazonía, regiones periféricas y plagadas de delincuencia, no tienen control estatal. En muchos territorios, la gobernanza criminal domina la vida de decenas, cientos de miles de personas. Esta es una de las conclusiones del informe “El inframundo amazónico”, que analiza las economías criminales en la mayor selva tropical del planeta.
“Durante la última década cambió el ecosistema criminal en la Amazonía”, explica Bram Ebus, coordinador del proyecto investigativo que fue lanzado en Ecuador en marzo.
Hay al menos cuatro factores que explican ese fenómeno en la región amazónica. El primero deriva de la firma de la paz entre las FARC y el Gobierno Colombia. Ebus aclara que no se trata de la firma en sí, pues el proceso logró que más del 90 por ciento de combatientes se desmovilizaran y que intentaran reintegrarse en la sociedad. “Los nuevos grupos, o disidentes volvieron a reclutar. La desmovilización tuvo éxito, pero el Estado no llenó el vacío de poder en los territorios; la firma del acuerdo de paz se produjo sin que el Estado colombiano diera respuesta a las poblaciones”.
Las nuevas organizaciones armadas que surgieron no responden a principios doctrinarios ni políticos. Es más, con frecuencia confunden a las mismas poblaciones, a las cuales imponen sus normas de convivencia, que incluyen con frecuencia pena de muerte.
Otro factor se relaciona con Venezuela. La constitución del “Arco Minero del Orinoco”, por el gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2016, en un territorio que equivale al 12 por ciento de ese país derivó en la presencia de “grupos armados estatales corruptos, y grupos no estatales”, inmersos en la extracción de minerales, especialmente el oro.
Pero además, en Brasil se rompió una tregua, o pacto de no agresión, entre dos grupos armados el PCC (por las siglas en portugués de Comando Primero de la Capital), definido como el mayor sindicato criminal del país, fundado en la prisión de Taubaté, cerca de Sao Paulo. El otro grupo en disputa, Comando Vermelho, fundado en 1979 en Río de Janeiro y con influencia en Colombia y Paraguay. “La ruptura desencadena la guerra por la Amazonía en Brasil”, explica el líder de la investigación.
La pandemia fue el factor que profundizó el fenómeno. Todo impacta en Ecuador. “Para Ecuador es crítica la fragmentación del conflicto colombiano después de la firma de 2016, porque se acentúa su rol de país de tránsito y de salida de altas cantidades de cocaína, esto aumentó la presencia de grupos en la Amazonía”.
En este entramado complejo, la irrupción de la minería ilegal solo agrava el panorama. “Ecuador y Perú viven el fenómeno, ya sabemos que los actores no tienen objetivo político, no buscan la ruta hacia el poder por medio de la lucha armada, buscan las economías ilícitas. El oro da ganancias revirtiendo dinero del narcotráfico, no se puede rastrear. Una vez que entra a la cadena lícita se lavan los activos del narcotráfico”.
“No es raro que los gobiernos regionales y locales estén implicados en economías ilegales y gobiernen por y para las redes criminales, lo que conduce a una convergencia de facto entre las instituciones estatales y la criminalidad”, señala el informe que resume la investigación.
“La ausencia del Estado de derecho y la creciente proximidad entre las redes criminales y las estructuras institucionales, combinadas con la inmensa riqueza natural de la selva tropical y la creciente demanda internacional de materias primas amazónicas, han creado una fórmula exitosa para la prevalencia del crimen organizado”.
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Lecciones aprendidas
Entre mayo de 2022 y julio de 2023, Amazon Underworld, un equipo integrado por 37 periodistas y profesionales de los medios de 11 países, se aventuró a recorrer rincones poco explorados de la Amazonía para entender su ecosistema criminal.
“La Amazonía a veces tiene un vacío de información. No hay prensa, no siempre hay ong´s con permanencia fija en los territorios. De hecho en Colombia, muchas organizaciones están saliendo por el cobro de vacunas, cuotas de extorsión o el control de grupos armados”, según Bram Ebus.
“Hay demasiadas lecciones aprendidas, no podemos hablar de una guerra perdida”, explicó de su lado Mariana Botero, representante de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado (GI-TOC), organización que participa en el proyecto.
Luego de la investigación, el colectivo hizo consultas a expertos y expertas en crimen organizado. En tanto, las organizaciones aliadas dialogaron con comunidades indígenas. Esta metodología les mostró “la importancia y la necesidad de la cooperación, esta es una pelea que se debe dar de manera conjunta”. Con frecuencia, aclara Mariana Botero, “pensamos en Ejércitos y en Estados, pero debemos pensar en una forma de cooperación horizontal, que involucre a amplios sectores de la sociedad”.
Una de las lecciones aprendidas es que “en territorios donde hay comunidades indígenas organizadas, hay mayor nivel de protección”.
“Tenemos información granular, ya creamos la plataforma, que no se queda en el reporte, hicimos series de consultas con expertos en crimen organizado, de diferentes contextos, nos reunimos en diferentes mesas, para ver los pasos a seguir”.
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