Así se descubrió la red de 'Los Choneros', que involucra a la novia de alias 'Fito': estas eran sus funciones
Prisión preventiva –por delincuencia organizada– para 20 presuntos integrantes de ‘Los Choneros’
Desde noviembre de 2023, las autoridades han estado siguiendo los pasos de un veintenar de presuntos integrantes de la organización terrorista ‘Los Choneros’, quienes fueron capturados la madrugada de este jueves 30 de mayo en varios allanamientos. Entre los miembros fue descubierta Verónica Briones, la novia del prófugo narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías, alias 'Fito'.
La Unidad Especializada de Investigaciones Contra la Delincuencia Organizada (Unidot-G) abrió una investigación previa el año pasado, tras haber recibido un parte informativo de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO), de la Policía Nacional, en el que se indicaba que un grupo estructurado venía ejecutando y operando en varios cantones de Guayas y Manabí.
Los implicados –a través de sus dos líderes– se encargaban de la coordinación y financiaban del grupo delictivo, mientras que los demás se encargaban de otras funciones, como la de administradores, financistas, seguridad y logística, colaboradores, almacenadores, distribuidores, transportistas y expendedores, y tenían como centro de operaciones el cantón El Empalme, en Guayas.
Fiscalía determinó la pertenencia de este grupo de delincuencia organizada al GDO “Los Choneros”, facción “Los Fatales”, y su vinculación directa con el prófugo “Fito”, con base en pericias técnicas de explotación telefónica efectuada durante la investigación.
Sobre la novia de Fito, se conoce que se encargaba de mantener el flujo de dinero de ‘Los Choneros’. Tampoco es la primera vez que está detenida, ya que su nombre salió a la luz en el 2021, cuando se descubrió que pasó alrededor de una semana en la Cárcel Regional de Guayaquil, pues había llegado para visitar al líder criminal.
Reportes de aquella época narran que la mujer se disfrazó de guía penitenciaria para evadir los controles.
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Prisión preventiva por delincuencia organizada
Con los elementos recaudados en la investigación, se solicitó a un juez anticorrupción las respectivas órdenes de allanamientos y capturas, y –con la participación de veintiocho agentes fiscales se ubicó a los involucrados en sus inmuebles, ubicados en las ciudades de Guayaquil, El Empalme (Guayas), Manta y El Carmen (Manabí).
Además, se incautaron dispositivos electrónicos, una mira telescópica, cinco armas de fuego, municiones de diversos calibres, seis vehículos, tres motocicletas y dinero en efectivo. Todo fue ingresado en cadena de custodia de la Policía Judicial.
En total, veinte personas fueron procesadas por delincuencia organizada, con fines de tráfico ilícito de sustancias, armas y explosivos; y, delitos contra la integridad de la vida (como secuestros, robos con violencia, sicariatos y otros).
En la audiencia de formulación de cargos –desarrollada vía telemática–, el Fiscal de la Unidot-G a cargo de la causa presentó como elementos de convicción: los partes informativos y de detención, las versiones de los agentes capturadores y de los detenidos, las evidencias encontradas en los allanamientos, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, los partes de seguimiento y vigilancia, el informe técnico de explotación y correlación telefónica, el análisis de redes sociales, entre otros.
Fiscalía solicitó la prisión preventiva para todos los investigados, pedido que fue aceptado por el Juez Anticorrupción y de Crimen Organizado con sede en Quito que conoció la causa, por lo que Adrián Joel S. A., alias “Mongolo”; Máximo M. B. (presuntos líderes), Kerly T. R., Mélida Z. R. (encargadas del manejo financiero), Fernando C. B., Roberto C. B., Hernán S. A., Niurka P. M., Ramón C. P., Carlos C. P., Manuel M. B., Darwin G. G., Jónathan V. S., Jéfferson O. S., Fátima S. A., Jimmy V. P., Verónica B. Z., Fabián C. C., Antoni C. C. y John G. V. deberán cumplir esa medida. La instrucción fiscal durará noventa días.
Fiscalía procesa este caso por el delito tipificado en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de diez a trece años de prisión.
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