Diez personas fueron procesadas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para cobrar el Bono de Desarrollo Humano de forma ilegal.
Los sospechosos fueron detenidos en operativos conjuntos ejecutados entre Fiscalía y la Policía Judicial, cuando los involucrados cobraban el bono en entidades bancarias, utilizando documentación falsa de cientos de ciudadanos que se acogen a este beneficio gubernamental.
Tras conocer del hecho, Fiscalía desplegó un operativo en las afueras de la Terminal Terrestre de Santa Elena, donde funcionan algunas oficinas del sistema bancario donde se paga este bono.
En el sector, nueve personas –que utilizaban cédulas de identidad falsas, elaboradas con máquinas especiales de plastificado y plástico transparente que contenía el holograma utilizado como seguridad del Registro Civil– fueron detenidas.
El listado de beneficiarios habría sido obtenido al interior de esta institución, por lo que no se descarta la participación de funcionarios de la entidad (Registro Civil).
Una vez obtenida la información, la presunta banda delictiva elaboraba las cédulas de identidad y agregaban la foto de los integrantes de esta agrupación, quienes presentaban el documento en las entidades bancarias para cobrar los 50 dólares en efectivo.
Según Fiscalía, la acción ilícita habría dejado –el día del operativo– 2.000 dólares incautados, aproximadamente.
Además, en un allanamiento ejecutado en un hotel ubicado en el sector del Malecón de Salinas, la mañana del martes 11 de enero, se incautaron cientos de soportes plásticos transparentes con el sello del escudo del Ecuador, soportes plásticos similares a las cédulas de ciudadanía, tintas de impresión, teléfonos celulares, tres automotores y dinero en efectivo no cuantificado, además de una persona detenida.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada en la Unidad Judicial Penal de Santa Elena, con sede en el cantón La Libertad, el fiscal Juan Pablo Arévalo Rivera presentó los elementos de convicción que hacen presumir la participación de los ahora procesados en el hecho investigado.
Entre estos, el parte de aprehensión, el informe de reconocimiento de evidencias, el acta de cadena de custodia, las versiones de los agentes aprehensores, los soportes plásticos transparentes con el holograma del Escudo del Ecuador, los soportes plásticos similares a las cédulas de identidad del Registro Civil, tintas de impresión, diez teléfonos celulares, tres vehículos y dinero en efectivo.
La jueza de Garantías Penales, Herlinda Urquiza, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Diego T. F., Luis B. M., Juan F. V., Rosa M. T., Miguel J. C., Carlos F. F., Ingrid B. B. y Andrea B. O.
Mientras que para Rommel M. G. y Víctor L. P. emitió medidas alternativas, como prohibición de salida del país y presentación periódica ante el Fiscal de la causa.
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asociación ilícita con pena privativa de libertad de tres a cinco años.