Así logró escapar el conductor acusado de violación contra una adolescente en el Colegio Dillon
El abogado de la víctima, Paúl Jiménez, dio detalles sobre lo ocurrido apenas se registró e incidente.
En torno al caso de presunta violación contra una estudiante de una institución fiscal en Quito, el abogado de la víctima, Paúl Jiménez, dio detalles sobre lo ocurrido apenas se registró e incidente y el accionar de las autoridades del colegio Luis Napoleón Dillon.
En una entrevista con radio Sonorama, el defensor contó que cuando la adolescente denunció la agresión que sufrió en el transporte escolar no le creyeron y estimaron que estaba alcoholizada.
"Cuando la niña recobra la conciencia, dice inmediatamente que fue violada y sus compañeros alertan a las autoridades, que no actuaron, es más, dejan ir al autor del delito", dijo el abogado, al argumentar que esos minutos fueron aprovechados por el conductor, sospechoso de la agresión sexual, para escapar.
“Hay corresponsabilidad del colegio porque cuando la niña da a conocer de lo ocurrido, las autoridades del colegio no actúan y dejan que el chofer se vaya y esto representa una responsabilidad penal de las autoridades del colegio que creyeron que la chica estaba alcoholizada y no escopolamizada por su agresor. Se ha iniciado un proceso administrativo contra ellos porque incluso, el psicólogo del colegio en lugar de ayudar a la niña y a sus padres, peleó y discutió con ellos”, alegó Jiménez.
Según lo expuesto por el abogado, el chofer tuvo la intención de cometer el acto delictivo porque llamó a la menor para que saliera 10 minutos antes a tomar el bus del recorrido.
“El chofer que conducía es familiar del dueño del bus que fue contratado por el colegio. Se ha pedido que sea suspendido el contrato con la compañía que presta el servicio de transporte en el colegio Dillon. La rectora, Janeth Orejuela, trató de ocultar el nombre del colegio, el momento en que la joven contó acerca de su abuso sexual. Se debió iniciarse un proceso flagrante para que se inicie una búsqueda ininterrumpida del agresor quien abandonó la unidad de transporte, cuadras más abajo de la institución educativa”, relató.
También informó que se han abiertos procesos penales y administrativos contra la exrectora del colegio y el psicólogo estudiantil por su presunta responsabilidad en la fuga del agresor.
Ayer, el Ministerio de Educación señaló que, aunque las autoridades del colegio cumplieron los protocolos, no se brindó el apoyo psicológico inmediato y permanente a la víctima y su familia.
Tampoco se realizó el acompañamiento adecuado a los familiares de la víctima para realizar la denuncia correspondiente.
No se generó un espacio de escucha activa que el caso requiere a la estudiante, a los familiares y a los estudiantes que se encontraban en el autobús.
Se priorizó mantener la buena imagen del colegio y no precautelar la integridad física y emocional de la estudiante.
Y se pretendió sancionar a los estudiantes que quisieron levantar su voz de indignación con una marcha pacífica.
Hasta el momento, no se tiene conocimiento de la identificación del sospechoso y se desconoce su paradero.
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