El sospechoso fue detenido la tarde del pasado domingo 26 de noviembre, cuando personal de Infantería de Marina realizaba un operativo de control en la parroquia Puerto Bolívar, del cantón Machala.
Alias ‘Mito’, quien se movilizaba en un vehículo de alta gama, portaba un arma de fuego, municiones y una cuantiosa suma de dinero. De hecho, expuso un permiso para llevar el arma.
En efecto, el portal Código Vidrio confirma que el sujeto tiene la autorización del Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto de FF.AA. para tenencia y porte de armas.
Además, puede fabricar, adquirir, distribuir, almacenar, transportar, importar, exportar y comercializar, no solo armas de fuego, sino municiones, explosivos y accesorios.
El portal de investigación también indica que alias ‘Mito’ tiene registrada a su nombre una pistola calibre 9 milímetros, serie MT14969, marca WITNESS.
La defensa del sujeto argumentó que se trataba de un empresario pesquero, propietario de barcos, por ello justificó la alta cantidad de dinero que llevaba. Agregó que ‘Mito’ tiene el arma de fuego por defensa propia, pues habría sufrido amenazas.
Mientras el supuesto líder de Los Lobos era trasladado hasta la autoridad competente se registró una balacera. Un grupo de personas armadas efectuó varios disparos contra los uniformados y las instalaciones de la Subzona de Policía, con la intención de evitar la aprehensión. Incluso, obstaculizaron el paso con varios objetos en las calles.
En la intervención, resultó un policía herido por arma de fuego a la altura de su brazo y daños en los vehículos policiales y de las Fuerzas Armadas.
Este lunes 27 de noviembre se realizó la audiencia oral pública y contradictoria de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra el ciudadano, quien pese a los indicios quedó en libertad.
El Consejo de la Judicatura (CJ) señaló que el fiscal del caso se abstuvo de formular cargos contra Jaime Enrique. Por ello, la entidad dispuso una investigación disciplinaria.
Sin embargo, la Fiscalía refutó la versión de la Judicatura e indicó que fue el magistrado quien no acogió el pedido del fiscal y no calificó la flagrancia de la aprehensión del ciudadano, disponiendo su liberación.
El Ministerio Público dio inicio a una investigación previa.