La mañana de este miércoles 20 de abril de 2022, una alerta de bomba sorprendió en la Unidad Judicial ubicada en el centro comercial Albán Borja, al norte de Guayaquil.
En la parte externa del complejo judicial, específicamente en la zona del parqueadero, se descubrieron unas cajas de cartón que en su interior contenían material explosivo.
La zona fue acordonada, mientras que los jueces, funcionarios y usuarios tuvieron que salir del inmueble.
"Siempre tenemos alertas de posibles artefactos explosivos cuando existe aquí ciertos tipo de audiencias", comentó el mayor de l Policía, Santiago González.
Personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) acudió al lugar y con la ayuda de sus canes identificaron una sustancia explosiva llamada pentolita, que es de alto poder destructivo.
El sargento Segundo Jaramillo detalló que se descubrieron alrededor de 6 tacos de 450 gramos y que si la carga explosiva hubiese estallado su onda expansiva podía haber alcanzado unos 100 metros.
Alerta de bomba en Albán Borja.
— Gianluca Brambilla (@GNLC30) April 20, 2022
La policía ya está tratando de desarticular el explosivo. El dispositivo ha sido encontrado en una caja de cartón, cerca de la Unidad Judicial. pic.twitter.com/DsJutTiXC5
El hecho sucedió el mismo día en que estaba prevista una audiencia del recurso de habeas corpus presentado por Junior Roldán Paredes, alias "Jr.", señalado como uno de los principales cabecillas de la organización delictiva "Los Choneros".
No obstante, luego se conoció que el abogado del privado de la libertad desistió del recurso constitucional que iba a resolverse a las 08h45 de este miércoles.
Luego, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que se accionaron tres demandas simultáneas a favor de "Jr.", cada una interpuesta por una tercera personas.
Según el portal Código Vidrio, "la estrategia sería esperar que uno de los recursos sea tramitado por un juez específico que beneficie a Junior, denunciado por ser el principal instigador de las matanzas en la Penitenciaría".
Contra el privado de la libertad pesan al menos dos sentencias de 22 años de cárcel por asesinato, y, además, ha estado involucrado, entre otros delitos, en delincuencia organizada, ingreso de artículos prohibidos a centros de privación de libertad, daño a bien ajeno, intimidación.