Hay casi 380 puntos de minería ilegal en el país. Y unos 30 focos de minería ilegal en áreas protegidas, lo que incluye parques nacionales. Vistazo visitó Morona Santiago y Zamora Chinchipe, donde confirmó los esfuerzos de los militares para detener su avance en zonas tan alejadas como en la Cordillera del Cóndor. La actividad ilegal no llega sola: con ella se mezclan células de Los Choneros y Los Lobos, que extorsionan a los mineros ilegales.
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Avanza como un cáncer en el territorio nacional. Hay casi 380 puntos de minería ilegal en el país. Los focos se extienden en el sistema de áreas protegidas. Ya se acercan a 30. En el Parque Nacional Sangay está uno de ellos.
Se trata de la tercera área protegida más extensa del país. Incluye dos volcanes activos y abarca toda la gama de ecosistemas, desde bosques húmedos tropicales, hasta glaciares, así explica un informe técnico del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica sobre la importancia del Parque Nacional Sangay.
El parque es tan amplio que abarca cinco provincias del país: Morona, Tungurahua, Chimborazo, Cañar y Azuay.
El documento, de septiembre de 2024, contiene el informe de la inspección del guardaparques y un equipo de técnicos. El grupo evidenció la actividad minera ilegal en esta zona protegida.
“Todas las actividades encontradas en el lugar a través de sobrevuelo se encuentran dentro del área protegida del Parque Nacional Sangay – zona baja”.
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La inspección confirmó que hay excavadoras realizando actividades de minería en los ríos Llushín y Chulla Llushín: el área afectada se estimó, preliminarmente, en 11,2 hectáreas.
Además, cinco excavadoras trabajaban dentro del Parque Nacional, en la zona baja, según el documento.
Vistazo visitó el área protegida desde Morona Santiago. Palora, uno de los cantones de Morona, tiene la mitad de su superficie dentro del área protegida del parque.
Este cantón vivía del turismo. Los visitantes llegaban hasta Puerto Tigre, sobre el río Llushín. Esa actividad ha disminuido.
Según una denuncia presentada ante la Agencia de Control Minero, Arcom, por parte de la Asociación Agropecuaria Amundalo, los primeros indicios de minería ilegal en el parque se presentaron 20 años atrás. Sin embargo, en septiembre de 2019, personas armadas con escopetas y carabinas, empezaron a llegar hacia el parque. Para el año 2020 esto se volvió más frecuente. Hacia agosto de 2024, grupos de 20 a 30 personas de distintas nacionalidades habrían conformado un campamento con diez dragas.
Los denunciantes afirman haber recibido mensajes amenazantes. En ellos les advierten que esos son territorios ancestrales y que van a ocuparlos con respaldo de la autoridad local.
El Podocarpus tiene tres puntos de explotación minera ilegal. La organización delictiva Los Lobos sería la responsable de esta actividad ilegal en este parque.
Hace más de un año un decreto presidencial encargó a los militares la seguridad interna. Para los uniformados se multiplicaron sus desafíos. El combate a la minería ilegal es una guerra sin tregua.
Un sobrevuelo en el cantón Taisha muestra que la actividad se esparce y deja su huella de daño, sobre todo en las riberas de los ríos.
Se mueve por buena parte de la geografía nacional. En algunos sitios se mimetiza con la actividad minera legal. Frente a esta creciente amenaza, es imposible bajar la guardia. Cuando se trata de la minería ilegal, siempre hay novedades en el frente.
En la sala de conferencias de la Brigada de Selva número 21 “Cóndor”, en Patuca, provincia de Morona Santiago, un mural exhibe fotos de los héroes caídos en el conflicto del Cenepa. Destaca la imagen del capitán Giovanni Calles, fallecido en acción de combate el 21 de febrero de 1995 y ascendido post mortem.
En ese centro de reuniones, el comandante de la Brigada explica a Vistazo la magnitud del desafío que enfrentan los militares. “La minería ilegal afecta el ecosistema, daña la biodiversidad en la ribera de ríos; ha causado cambios en los cauces, por eso hay inundaciones. Estas acciones ilegales perjudican a la población; en definitiva, dañan las economías, permiten que grupos delincuenciales ingresen en los sectores”.
Morona Santiago y Zamora Chinchipe, las provincias amazónicas fronterizas con Perú, concentran el 54 por ciento de hectáreas concesionadas a la minería legal.
Lo ilegal se extiende con rapidez por esos territorios. Esto explica la guerra sin tregua. "Estamos en una guerra, pero el enemigo no es visible; no se identifica con claridad. La minería ilegal es un fenómeno similar al que ocurre con los corredores de la droga. Se hace un operativo en un lugar y en respuesta las operaciones se mueven a otro", según informó a Vistazo la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) .
La Arcom es la responsable directa del control de la actividad ilegal. Los militares actúan en apoyo, previa coordinación. En octubre de 2024, el gobierno creó el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM). Desde entonces se realizaron 60 operaciones exitosas.
Desde Patuca hay seis horas de viaje hasta Zamora, la capital de la provincia del mismo nombre, por una vía con fallas geológicas y derrumbes.
A lo largo de la ruta se ven los beneficios de la actividad minera legal. La primera mina de oro subterránea en operación se encuentra en el cantón Yantzaza, a unas cuatro horas de Patuca. Se trata de Fruta del Norte, operada por la canadiense Lunding Gold. A lo largo de la vía, la Troncal Amazónica, se observa gran cantidad de transportes pesados. Hay una docena de estaciones de primer orden de combustible, en un tramo relativamente corto.
Casi al llegar a la ciudad de Zamora, se observan sucesivos frentes de operaciones mineras, en las riberas del río. Algunos tienen letreros con sus respectivas claves catastrales, las cuales especifican que son concesiones para extraer materiales pétreos. Solo al cotejarlas con el catastro minero y al verificar en el terreno si están cumpliendo con el objeto del permiso se puede confirmar su legalidad. En muchos casos, los frentes mineros ilegales se camuflan para extraer minerales no autorizados, como el oro.
“Mi bisabuelo llegó hasta estas tierras y contaba que del río salían pepitas, que era esta provincia era generosa y se podía vivir bien, pero eso despertó la codicia de gente de afuera, que llegó para querer adueñarse a la brava, para destruir los ríos”, dice Xavier, quien ahora busca una fuente de ingresos. A sus 23 años no encuentra opciones de estudios universitarios adaptadas a sus intereses y a su entorno. Quisiera estudiar lenguas ancestrales y ser guía turístico, porque cree que su provincia tiene mucho que mostrar a los visitantes; es una zona de cascadas. La universidad amazónica en la ciudad de Zamora luce cerrada. Del edificio universitario, antes fastuoso, hoy queda una fachada que esconde una estructura decadente.
En la misma ciudad se encuentra el Batallón de Selva número 62 “Zamora”. Fue un puesto estratégico durante el conflicto armado de 1981. Hoy, los uniformados asumen, entre muchas otras, la responsabilidad de apoyar a las entidades del Estado en el control para frenar el avance de la minería ilegal por el territorio amazónico. Los operativos se realizan previa coordinación con la Arcom a cualquier hora del día, porque las actividades ilegales suelen realizarse en la noche.
El comandante de ese batallón explica que además de las operaciones de defensa externa, “en los temas que se refieren a la minería ilegal, se requiere la sinergia y coordinación entre las instituciones que tienen responsabilidad en el área para poder cumplir el objetivo de desterrar esa amenaza, que está presente cada vez en más rincones del país”.
Desde la ciudad de Zamora, en menos de dos horas el escenario cambia abruptamente. La geografía es otra. El camino no es tan largo pero la vía no se encuentra en buen estado.
Centinela del Cóndor es el nombre del cantón que fue creado luego del conflicto de 1995. Es la puerta de ingreso hacia la Cordillera del Cóndor. Este entramado montañoso es rico en minerales y, en particular, oro. Desde este punto hay menos de 40 kilómetros de distancia hacia la frontera con Perú.
Paquisha es el cantón limítrofe. A esta jurisdicción pertenece el distrito minero Chinapintza, creado en 1980. Hay concesiones mineras legales, se las reconoce por sus rótulos y sus claves catastrales.
Hay túneles en la montaña. Aparecen sacos de material apilados junto a la vía. Al mediodía emergen hombres con los rostros ennegrecidos por el lodo. Aquí un jornalero aspira a recibir un sueldo mensual superior a 500 dólares, pero la actividad es riesgosa y desgastante, tendrá que cargar material de la montaña. El trabajador más experimentado, el barrenador, puede ganar más del doble de esa cifra. Su misión consiste en abrir las vetas en la cordillera, con explosivos, para extraer el material del cual se irá obteniendo oro. Los sacos de material se transportan en canastillas a través de poleas. Todos obtendrán su parte. Del material de rechazo, acumulado, otras personas sacarán alguna ganancia.
Hay aproximadamente una veintena de concesiones legales. Según dirigentes locales, que pidieron no ser citados, la única alternativa es sistematizar un catastro minero que permita que todos quienes realizan esta actividad se formalicen, paguen impuestos y cumplan con todas las normas y las formalidades. Nadie quiere actuar al margen de la ley, es su mensaje.
Cordillera arriba se encuentra el último confín de la Patria. Un destacamento militar se encuentra en permanente estado de alerta. Se instaló desde hace más de un año, luego de denuncias sobre crímenes selectivos.
No hay un puesto policial funcionando. La instalación está prácticamente nueva, luce abandonada. Fue construida con fondos del gobierno local; no ha sido utilizada. Hasta este sitio la Policía no llega.
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Células de Los Choneros operan en este lugar. Llegaron para cobrar extorsiones.
La cordillera se extiende al sureste. Las montañas muestran algunas vetas de tierra enrojecida.
En medio de la montaña hay una vía que conecta con el vecino Perú. Fue abierta en fincas de propiedad privada, para la realización de actividades relacionadas con la minería.
Los Choneros cobraban vacunas y extorsiones. Los valores fluctuaban, entre diez mil y dos mil dólares, a los dueños de esa maquinaria pesada, que pasaban a extraer el mineral en Perú. Los valores variaban según el tipo de maquinaria. Por cada excavadora, aproximadamente, diez mil dólares. Por cada clasificadora en forma de Z, cinco mil. Cada generador de energía eléctrica, tres mil dólares.
Del otro lado de la frontera se instaló un grupo armado, llamado Los Trujillanos. De esta manera, empezó un conflicto por el dominio territorial. Tras la muerte de un miembro de Los Choneros, a inicios de este año, se agravó la confrontación.
Células de los grupos armados organizados Los Lobos y Los Choneros están mezcladas con la operación de la minería ilegal en Morona Santiago y Zamora Chinchipe, según información a la que accedió Vistazo.
En el cantón Zamora, seis meses atrás, fue detenido un posible líder del grupo Los Lobos, junto con tres miembros de seguridad (gatilleros). Este grupo suele dejar registros de sus cuentas por cobrar (vacunas). Un cuaderno con estos apuntes fue capturado durante un operativo, realizado en enero de este año, en Gualaquiza, Morona Santiago, junto con mechas, explosivos y libretas con logotipos de este grupo. Son indicios de que estas células llegaron hasta la zona sur, de la mano de la minería ilegal.
En una operación de alta complejidad para desmontar un campamento minero en el parque Podocarpus fue detenido un integrante de los Lobos.
La Agencia de Control Minero, Arcom, explicó que ha determinado tres centros de gravedad de la minería ilegal: los sitios donde se saca el material; los lugares donde se procesa, en las plantas de beneficio; y, las exportaciones. En estos tres puntos se ha orientado el control, a través de normativa actualizada.
En el primer punto, estarían ubicadas estaciones o gasolineras que estarían abasteciendo de combustible a la maquinaria involucrada en minería ilegal.
Un punto crítico tiene que ver con maquinaria incautada. Solo puede ser recibida por Arcom una vez que se siguen los procesos administrativos o judiciales. Estos sin embargo pueden durar años. Luego la Agencia entrega esa maquinaria al Ministerio de Obras Públicas. Cuando la maquinaria no puede ser sacada del territorio porque está localizada en algún punto de difícil accerso en la Amazonía, se la destruye en el lugar.