Por medio de un oficio enviado este jueves a la Comisión de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dio a conocer que la Fuerza Aérea tiene plazo hasta el 27 de diciembre para entregar un "informe militar final" referente al "Caso Malvinas".
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La causa se centra en la desaparición forzada de cuatro menores de edad que fueron aprehendidos por uniformados de dicha institución en el barrio Malvinas, situado al sur de Guayaquil, supuestamente mientras cometían un robo, pese a que el Ministerio Público ha indicado que no hay evidencia de ello.
De acuerdo a la cartera de Defensa, los hermanos Josue (14) e Ismael (15) Arroyo, junto a Steven Medina (11) y Nehemias Saul Arboleda (15), fueron trasladados hasta la parroquia rural de Tarqui, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad portuaria, y liberados "sanos y salvos", sin antes ingresar a un edificio policial o militar, ni encontrarse con un familiar o allegado.
Después de que uno de los menores llamó a sus familiares a través de un celular prestado para pedirles que se trasladen a la zona, se perdió el rastro de los niños. Todos los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 8 de diciembre.
El ministro fue convocado para dar información a la comisión referida después de que la Asamblea resolvió iniciar un proceso de fiscalización con la finalidad de esclarecer lo ocurrido. No obstante, Loffredo no asistió y, al asegurar que necesitaba un plazo de tiempo mayor para reunir datos adicionales, adelantó que la Fuerza Aérea entregaría el nuevo informe al Gobierno este viernes.
Este documento, según detalló el secretario de Estado, precisaría lo que ocurrió en el barrio Malvinas, que se encuentra bajo jurisdicción de la institución. Hasta ahora, entre las pocas evidencias reunidas de la interacción entre los militares y los niños se incluye un video en el que los desaparecidos son forzados a subir un vehículo. En este se aprecia como al menos uno de los menores recibe golpes.
Entretanto, los 16 integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana investigados por el caso permanecen bajo custodia de las Fuerzas Armadas, pues la Fiscalía General del Estado anunció este martes que iba a formular cargos en su contra por el presunto delito de desaparición forzada, durante la misma audiencia en la que una jueza concluyó que en el caso hubo responsabilidad por parte del Estado y que los militares no siguieron los protocolos adecuados.
Familiares de los cuatro menores desaparecidos acudieron este miércoles a la morgue de Guayaquil para entregar datos con los que se pueda cotejar la información que se extraiga del estudio a unos cuerpos calcinados hallados el martes en Taura, parroquia en donde se perdió el rastro de los niños.
Uno de los familiares dijo a EFE que están ofreciendo información sobre los rasgos físicos de los menores o alguna seña para compararlos, y además, "personal de Criminalística está entrevistando a los familiares" para los exámenes de antropología, indicó Billy Navarrete, de la organización de derechos humanos que los apoya.
"Si los datos no coinciden, se procederá a examen de ADN que dura 30 días", dijo Navarrete a EFE.
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“Si esas entrevistas sirven para identificar a los cuerpos encontrados, se lo dará a conocer. Y si no son suficientes se harán pruebas de ADN. De todas formas, los padres siguen exigiendo que busquen a sus hijos hasta tener los resultados oficiales”, agregó el abogado Fernando Bastías, miembro de la misma organización.