Caso 'En Familia': expareja de la exlegisladora Bella Jiménez es vinculado por presunta venta de cargos en la Asamblea
Hasta el momento, cinco personas están procesadas, entre ellos el hijo, hermano y cuñada de la exfuncionaria.
La Fiscalía General del Estado vinculó al exconviviente de la exlegisladora Bella Jiménez, Eduardo A., al caso denominado "En Familia", en el que se investiga un presunto delito de concusión. Hasta el momento, cinco personas están procesadas, entre ellos el hijo, hermano y cuñada de la exfuncionaria.
Según la investigación, el 7 de febrero de 2021, tras haber sido elegida como legisladora, Jiménez habría exigido 3.000 dólares a un ciudadano, a cambio de vincularlo laboralmente en su despacho legislativo.
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El 27 de abril de 2022, el dinero habría sido transferido a la cuenta de Jorge P., hijo de la exasambleísta, quien solicitó la vinculación del ciudadano al cargo de asesor.
Este no fue el único hecho investigado por Fiscalía: Bella Jiménez habría continuado abusando de su cargo, exigiendo 6.000 dólares a otra persona para ofrecerle un cargo en la Asamblea Nacional, a través de su cuñada Elena O.
Una parte del dinero fue entregada a Jimmy J., hermano de la exlegisladora, quien luego lo habría entregado en efectivo a Eduardo A. La diferencia debía ser consignada cuando se efectivice la contratación.
Sin embargo, dos meses después, la mujer fue notificada con la terminación de su contrato sin que recibiera explicación alguna.
Dictan medidas cautelares
Sobre Eduardo A., Fiscalía señaló que habría tenido pleno conocimiento de las acciones ilegales de su pareja, cuando ella ostentó el cargo de Asambleísta por la provincia del Guayas.
En la audiencia realizada en la Corte Nacional de Justicia se presentaron 27 elementos de convicción, incluyendo certificados de vinculación laboral, versiones de las víctimas e informes periciales con conversaciones de WhatsApp en las que se menciona a Eduardo A.
El Juez que conoce la causa ordenó medidas cautelares para Eduardo A., que incluyen la presentación periódica, el uso de grillete electrónico, la prohibición de salida del país, así como la retención e inmovilización de cuentas y la prohibición de enajenar bienes a su nombre.
Además, se dispuso la prohibición de enajenar un vehículo que habría sido entregado por una de las víctimas sin que se haya efectuado el pago correspondiente, como se había acordado inicialmente. La instrucción fiscal durará 120 días.
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