Este lunes 23 de septiembre inició el juicio por la presunta trama de corrupción "Caso Encuentro". En el Complejo Judicial Norte de Quito, el Tribunal Especializado en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado instaló la audiencia de juicio contra Danilo Carrera, el cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), y Antonio Icaza por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. El juicio comenzó con el alegato de apertura de la Fiscalía.
Esta etapa de juzgamiento se encuentra suspendida para Hernán Luque Lecaro, Gabriel Nain Massuh, Leonardo Cortázar y las dos empresarias Karen C. y Ericka F., ya que están prófugos. Luque se encuentra actualmente detenido en Argentina, pendiente del proceso de extradición solicitado por la Justicia ecuatoriana para ser juzgado por este caso.
Durante su alegato de apertura, la Fiscal del caso afirmó que ‒durante la audiencia‒ demostrará que entre 2021 y 2023 se formó una presunta red de corrupción liderada por Danilo Carrera y Rubén Cherres (contra quien se extinguió la acción penal por su fallecimiento), con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de la adjudicación de contratos con el Estado, con la colaboración de los otros procesados.
Fiscalía explicó que los líderes se habrían aprovechado de la designación de Hernán Luque como director de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), para nombrar a Antonio Icaza como gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), quien habría influido en la adjudicación de contratos en el sector eléctrico, beneficiando a dos de las procesadas.
Además, los líderes de la presunta organización habrían operado en otras empresas públicas, como BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas, colocando personas cercanas en puestos directivos para conseguir contratos.
Hasta el fin de este primer día de la audiencia de juicio, Fiscalía presentó nueve testigos y dos peritos, incluyendo al agente que elaboró el parte informativo sobre la noticia publicada en redes sociales, que expuso presuntos actos de corrupción en el Gobierno (a la fecha de los hechos), lo que dio inicio a la investigación.
También se presentó el policía que corroboró que existieron comunicaciones telefónicas entre los presuntos líderes de la organización, números de teléfono que fueron confirmados gracias a la información emitida por entidades públicas y privadas.
Asimismo, se presentaron testigos que participaron en las interceptaciones telefónicas, las cuales revelaron conversaciones en las que se coordinaban presuntos actos ilícitos, incluyendo el supuesto ascenso irregular de un oficial de Policía, identificado como Víctor A. (quien también rindió testimonio y manifestó haberse reunido dos veces con Danilo Carrera y Rubén Cherres), y el ingreso de personas en altos cargos de empresas estatales.
Por su parte, Carrera niega los cargos en su contra al sostener que la Fiscalía no tiene pruebas que sostengan su acusación y que todo lo señalado son "elucubraciones".
El empresario se encuentra bajo arresto domiciliario al tener más de 65 años, lo que le exime de ir a prisión preventiva.