Un sospechoso del asesinato de un funcionario judicial, perpetrado el pasado martes 10 de septiembre en las afueras de la Unidad Judicial de Naranjal, provincia de Guayas, ha sido enviado a prisión preventiva por su presunta coautoría en el crimen.
Personal de la Dirección de Muertes Violentas (DINASED), de Criminalística y de la Policía Judicial acudieron al lugar luego de haber sido alertados por el Sistema de Seguridad ECU 911 sobre el hecho violento. Allí recolectaron los primeros indicios en torno al hallazgo de una persona baleada al interior de un vehículo.
Según versiones de testigos presenciales, una persona llegó a bordo de un taxi y disparó por varias ocasiones a la víctima; luego huyó junto al conductor de una moto.
Gracias a las cámaras de seguridad de viviendas y otras ubicadas en las avenidas principales se obtuvo las placas y el modelo del vehículo, así como las vestimentas de los presuntos participantes.
Personal de la DINASED desplegó un operativo de captura. Siguieron la ruta del vehículo involucrado hasta la ciudadela Los Vergeles, al norte de Guayaquil. El automóvil estaba estacionado a las afueras de un domicilio y las personas que habitaban la vivienda identificaron al familiar que manejó el automotor, asegurando que se encontraba en la ciudadela Las Acacias.
La madrugada del 11 de septiembre, en flagrancia, el ahora procesado fue aprehendido y trasladado a la Unidad Cuartel Modelo; la Policía lo puso a órdenes de las autoridades judiciales, para su respectivo procesamiento.
Según los agentes investigadores, el conductor de una motocicleta y el victimario que habrían participado en el hecho aún están siendo buscados por la Policía Nacional.
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Durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, realizada en la Unidad Judicial Multicompetente de Naranjal, el Fiscal del caso presentó los elementos de convicción que implicarían al ahora procesado.
Entre estos: el parte informativo y de aprehensión, el acta de levantamiento de cadáver, la versión de los agentes aprehensores y las evidencias encontradas en poder del procesado (la vestimenta utilizada y el taxi en el que habría transportado al ejecutor del hecho).
El juez de flagrancia de turno acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el ciudadano Fernando L. Emitió la respectiva boleta de encarcelamiento y dispuso al Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) se traslade al procesado a un centro reclusorio, de esta jurisdicción.
El Magistrado determinó treinta días para el cierre de la instrucción fiscal. El Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años.