Caso Confortable: Allanan vivienda y oficinas de dos juezas que habrían favorecido a Wilman Terán para que salga de la cárcel La Roca
Terán, que niega el cargo de delincuencia organizada en su contra, fue detenido en diciembre del año pasado por la causa Metástasis.
La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron un domicilio y las oficinas de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia que habrían favorecido al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, procesado por el caso Metástasis.
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Según el Ministerio Público, que denominó la investigación como Caso Confortable, las magistradas habrían incurrido en el delito de cohecho al beneficiar al detenido con la admisión de una acción constitucional para su traslado de la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, a la Cárcel 4, en Quito.
“Se recabaron varios indicios, como dispositivos móviles, computadoras portátiles, 1 CPU, una agenda, 1 CD y documentación”, informó la Fiscalía, la cual considera que Terán formó parte de una estructura creada en diferentes niveles del Estado para favorecer al narcotraficante Leandro Norero, asesinado en octubre del 2022.
Fotografías de los objetos decomisados fueron compartidas en redes sociales por la Fiscalía, que no reveló más detalles con respecto al Caso Confortable.
Caso Metástasis
Terán, que niega el cargo de delincuencia organizada en su contra, fue detenido en diciembre del año pasado por la causa Metástasis, referente a la mencionada presunta trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial.
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Fue trasladado a La Roca el 30 de marzo desde Quito, a bordo de un avión en el que también iba alias Invisible, condenado como autor mediato de la muerte del exlegislador Fernando Villavicencio. Dentro de la cárcel de máxima seguridad, el extitular afirmaba frecuentemente que su vida corría peligro.
En el caso de Terán, la Fiscalía sostiene que en el momento de los hechos era juez de la Corte Nacional y que desde esa posición tuvo una presunta colaboración con el grupo criminal en la planificación para comprar las decisiones de los jueces nacionales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano de Norero.
Al registrar los teléfonos celulares de Norero tras su asesinato durante un motín carcelario, el Ministerio Público halló conversaciones que evidenciarían la red de influencias y sobornos conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y cortes provinciales de varias provincias. Sobre estas pruebas se ordenó la detención del extitular.
Ante la Asamblea Nacional, el pasado 17 de julio, Terán aseguró que no envió los mensajes atribuidos a él en los chats expuestos por la Fiscalía, y apuntó que está privado de libertad de una manera que no se justifica. “Solo en los países en los que no rige la democracia se irrespeta la misma (encarcelamiento)”, aseveró.
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