Actualmente, la educación superior ecuatoriana ofrece cupos solo para seis de cada diez bachilleres. Entre 2007 y 2018 desaparecieron 37 institutos técnicos a partir de la promulgación de la Ley de Educación Superior que, en su afán de regular, limitó su desarrollo.
Como resultado, las cifras revelan que tenemos una fuerza laboral poco calificada: que, de cada diez empleados, cuatro apenas terminaron la escuela y solo dos llegaron al tercer nivel. “Presentaremos, el mismo 24 de mayo, una reforma a la Ley de Educación Superior para tener universidades libres en el Ecuador. Que el gobierno intervenga menos en la administración de una universidad. Que exista autonomía, independencia para que los jóvenes tengan más oportunidades de estudiar la carrera que ellos quieran, no la que les diga el gobierno como sucede ahora”.
No se conocen aun los detalles de las reformas, pero se conoce que buscará la creación de nuevos programas de grado y posgrado en modalidades presenciales y no presenciales. Al mismo tiempo se intentará fortalecer la educación técnica y tecnológica que permita a los jóvenes, en dos o tres años, estar listos para trabajar o emprender.
Para los críticos, la propuesta de eliminar la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Senescyt, no sería viable porque esta institución estaría amparada en la Constitución de Montecristi que dice que “el Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna”.
“No vamos a eliminar la institución como tal, lo que vamos a eliminar es el requisito de que todo estudiante pase por la Senescyt para ingresar a la universidad”, aclaró Lasso al canal de televisión de la Universidad Católica de Guayaquil.
En mayo de 1969, el libre ingreso a las universidades fue una reivindicación alcanzada luego de protestas universitarias en Quito y Guayaquil que dejaron 30 muertos. Eso funcionó hasta que la Revolución Ciudadana reimplantó un examen previo al ingreso.