El establecimiento del nuevo derecho forma parte de la futura Ley de la República que creará un régimen de protección y reparación integral para víctimas de este tipo de delitos y sus allegados.
"En el Senado, se estableció que, en un plazo de 6 meses, el Ejecutivo deberá crear el reglamento que regule el pago de esta pensión. En él se establecerá la forma de acreditar los requisitos para su otorgamiento", informó la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
Dicho ente acotó, por medio de su página web, que la propuesta, iniciada en moción, tuvo un apoyo transversal en las sesiones de votación correspondientes a los trámites legislativos que precedieron su admisión y aprobación.
"La nueva norma establecerá un fuero laboral, por hasta un año, a víctimas de femicidio frustrado o tentado. Para esto, la afectada deberá presentar al empleador la denuncia interpuesta ante las policías o el Ministerio Público", detalló la Cámara.
También se impondrá la suspensión y privación de derechos y responsabilidades parentales a quienes comentan este delito. Por el lado de las víctimas, serán beneficiadas con acceso prioritario a programas estatales en pos de mejorar su calidad de vida.
En lo que va del 2023, en Chile, se han registrado 10 feminicidios consumados y 65 frustrados. Uno de los últimos casos se dio en Parral, localidad del sur del país. Marcela Pérez Tapia fue asesinada por su expareja, con quien tenía una hija de cuatro años.