Esta ley, que entró en vigor el 1 de enero, fue una de las promesas electorales del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
La prohibición tiene como objetivo ayudar a aliviar los precios en uno de los mercados inmobiliarios más inasequibles del mundo.
En un comunicado, el ministro de Vivienda de la nación norteamericana, Ahmed Hussen, aseguró que la prohibición tiene por objeto disuadir a inversionistas que consideran casas como mercancía, en lugar de un lugar para vivir y formar una familia.
"A través de esta legislación, estamos tomando medidas para garantizar que las viviendas sean propiedad de los canadienses, en beneficio de todos los que viven en este país", añadió Hussen.
Según ha explicado en los últimos meses Trudeau, en el mercado inmobiliario canadiense se han producido numerosas operaciones de especulación a manos de corporaciones e inversores extranjeros que han generado un problema de falta de vivienda y de precios disparados.
“Las casas son para las personas, no para los inversionistas”, ha insistido el presidente liberal canadiense.
Algunos han criticado la medida, argumentando que no está claro si tendrá algún impacto en el mercado inmobiliario de Canadá.
11 días antes de que la prohibición entrara en vigencia, el Gobierno anunció algunas exenciones a la regulación, que incluye:
- Estudiantes internacionales que han estado en el país durante al menos cinco años.
- A los solicitantes de refugio.
- Por último a personas con permisos de trabajo temporales.
Los residentes no canadienses que viven en el país representan menos del 6 % de los propietarios de viviendas en Ontario y Columbia Británica, provincias que albergan Toronto y Vancouver, dos de los mercados inmobiliarios más caros del mundo.
En ambas ciudades, el precio de una vivienda promedio es superior a US$730.000.
Si bien los precios de la vivienda en Canadá cayeron levemente en 2022, siguen siendo mucho más altos que hace una década.
Los precios de las viviendas aumentaron un 48% el año pasado con respecto a 2013, cuando el precio promedio de una vivienda era de US$386.000.
En 2018 Nueva Zelanda aprobó una legislación similar que prohíbe que algunos extranjeros compren viviendas, pero la medida no ha impedido que los precios de las viviendas ajustados a la inflación sigan aumentando.